Podemos en su laberinto

Casi cuatro meses después y a puertas de las elecciones primarias que definirán la candidatura con que la formación morada concurrirá a las elecciones autonómicas del próximo año, aquella grandilocuencia que trasladaba el conflicto interno de Podemos al terreno judicial parece diluida. La denuncia presentada por Cantabrana a través de su abogado, Miguel Gómez Ijalba, ha sido sobreseída por el TSJR al constatar que tiene un «carácter genérico que pretende, más que la investigación de unos hechos delictivos concretos, la investigación de una persona para determinar si ha cometido algún hecho delictivo, y ello, con una finalidad meramente prospectiva». «En el ámbito penal -prosigue el auto- rige el principio de intervención mínima, de forma que sólo cabe acudir a esta jurisdicción cuando resulte absolutamente necesario para proteger los bienes jurídicos y derechos legítimos de los ataques de los ataques más intensos y significativos de los que puedan ser objeto». Entre sus fundamentos de Derecho, el TSJR entiende además que del relato fáctico del escrito inicial no se expone la mecánica comisiva que permita afirmar que la denunciada cometió el delito sirviéndose de su condición de autoridad. «Tampoco se desprende con claridad que nos hallemos ante un delito que afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas», continúa el argumentario rechazando también la pretensión de que Cantabrana se dé por personado y parte en la presente causa. «No llega a exponerse cuál sea su interés (...) ni llega a concretarse la relación del denunciante con los secretos que han sido objeto de descubrimiento y revelación por parte de la denunciada», concluye.

La otra parte ni siquiera ha llegado a esta fase del recorrido judicial. Pese a la inmediatez con que Rodríguez avanzó emprender acciones legales contra sus compañeros, casi cuatro meses después sigue sin concretarlas. «Seguimos recabando pruebas», constata mientras sigue abierto otro frente judicial en el seno del partido: el que enfrenta en el ámbito laboral al exasesor del Podemos en el hemiciclo, Luis Illoro, con la dirección del Grupo Parlamentario por haber sido removido del puesto tras la llegada de Germán Cantabrana a la portavocía. El juicio que debe dirimir si se trata de un despido improcedente debía haberse celebrado el 25 de septiembre, pero un defecto de forma lo ha pospuesto al 15 de enero.

Resolución pendiente

La fractura que separa a la mayoría de los diputados con la dirección regional (y que el proceso de primarias no prevé atemperar) alcanza también al frente institucional en el Parlamento de La Rioja. Dado que la decisión de apartar a un miembro de su grupo no está contemplada en el reglamento, la decisión de los diputados de Podemos respeto a Natalia Rodríguez ha abierto una incógnita jurídica sobre cómo materializarse. A finales de junio y tras varias demoras, la Mesa de la Cámara aprobó por tres a favor y dos en contra-del PP- que la coyuntura quedara regulada a través de una resolución de la Presidencia. Un paso que Ana Lourdes González aún no ha dado amparada en el informe de los servicios jurídicos que sostiene que el acuerdo del máximo órgano del hemiciclo no es vinculante y la legislatura enfila su tramo final.