El Parlamento saca, 30 años después, una nueva ley de Función Pública

La ley, que previsiblemente entrará en vigor el próximo día 2, fomenta la carrera profesional e impulsa la formación del empleado público. Además, incluye medidas efectivas para evitar el abuso de la temporalidad en el empleo público, de tal forma que adapta a La Rioja a la normativa europea y la legislación básica estatal.

Para la diputada del grupo Mixto, Henar Moreno, (IU) la nueva norma significa «un paso más hacia la dignificación de nuestros servicios públicos», señaló. Reconoció que es una ley que se ha retrasado porque «hay tiras y aflojas», pero «creo que es un momento de satisfacción».

Moreno destacó el papel «fundamental» de los empleados públicos durante la pandemia y lamentó que no se ha sido justo con estos trabajadores que, además, siguen regidos por una ley que tiene más de 30 años. «Ahora es de rigor que nos modernicemos».

Por su parte, David Miranda, de Ciudadanos, valoró positivamente el nuevo texto porque corrige una necesidad «perentoria e inaplazable». Detalló las «mejoras» instroducidas por su grupo vía enmienda y las que se han quedado en el tintero, como «haber aclarado el ámbito de aplicación de la ley o haber definido el régimen excepcional de interinidad», dijo.

El diputado naranja en la Cámara autonómica aprovechó la última sesión de esta legislatura para reivindicar su trabajo en este tiempo y para agradecer la labor de todo su equipo técnico.

Por parte del PP, Alfonso Domínguez, introdujo su intervencion haciendo alusión a las declaraciones del Consejo Regulador que calificó de «incomprensible» la actuación de Andreu por su demora en dar ayudas a la destilación, –cuestión sobre la que no quiso pronunciarse la jefa del Ejecutivo: «lo demás fuera de este Parlamento».

El parlamentario del PP se refirió al dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja que alertó sobre la posible inconstitucional de algunos artículos de la ley de Función Pública. Los avances de esta norma «son ninguno», «debería llamarse texto refundido de la ley de Función Pública», no una nueva ley. Con la confianza de que estarán en el Gobierno en dos meses avanzó que reformarán el texto «como los ciudadanos se lo merecen».

Desde la bancada socialista, Teresa Villuendas, espetó a Domínguez que «si es incapaz de reconocer el trabajo de este Gobierno, al menos reconozca el valor que tiene que esta norma haya sido consensuada por más del 70% de los empleados públicos de la Administración riojana».

Centrándose en la Ley de Función Pública, Villuendas señaló que la norma «va a garantizar más y mejores prestaciones y va a colocar a las personas en el centro de la gestión pública». «No votando la ley vuelven a quedarse solos», en referencia al PP.

La diputada del PSOE calificó de «inadmisible» las insinuaciones vertidas antes por Domínguez sobre la posible «inconstitucionalidad» de algunos de los puntos de la norma, sobre todo, cuando llevan más de 4 años «bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial».

«La Rioja –añadió– suma derechos y avances sociales y lo hace de la mano de un Gobierno socialista, para que los empleados públicos tengan garantizados sus derechos laborales y su desarrollo profesional».

Concha Andreu, presidenta del Ejecutivo, que cerró el debate sobre la nueva norma, incidió en que han tenido que pasar 30 años para ver la nueva ley «curiosamente con otro gobierno socialista» (la primera salió adelante durante el gobierno del también socialista José Ignacio Pérez Sáenz).

Tras enumerar algunas de las 35 leyes que han salido adelante esta legislatura, destacó que con la de Función Pública «impulsamos la carrera profesional, aumentamos la transparencia en los procesos selectivos y fomentamos una promoción profesional ligada a la producción por desempeño».