La Plataforma por la Sanidad Pública llama a manifestarse el 24 de febrero contra la 'amnistía' a las residencias

Sobre todo porque, como ha recordado Granda, esta resolución, que «la firmó la consejera de Salud, daba prioridad a la economía frente a los cuidados de las personas que están atendidas en los centros de día y de mayores». «No tiene nombre, es agresiva, y solo genera una inquietud tremenda entre las 4.200 familias que tienen a un familiar ingresado en estos centros», ha criticado. Además, «abre la puerta de manera clara a un proceso distinto del que defendemos desde las plataformas sociales a un servicio público de calidad, con suficiente personal y suficiente financiación para resolver los problemas que tienen nuestros mayores».

Por todo ello, ha insistido, «no se puede permitir que un Gobierno trate de esta manera a estas personas que están en estos centros y que tanto han hecho por nosotros. Menos aún cuando »el PP ningunea al Parlamento, a los grupos de la oposición, a las organizaciones sociales, a los sindicatos, que ven que el Gobierno pasa olímpicamente, que ni siquiera es capaz de establecer planteamientos de consulta para mejorar las normas que quiere poner en marcha«. De ahí que, el Ejecutivo, lo que ha hecho con esta resolución es »enfrentar a una mayoría social que está aquí representada con el ámbito político«.

Todo ello, a pesar de que la consejera «haya tratado darle la vuelta con su comparecencia en el Parlamento, con ciertas declaraciones, pero no ha hecho más que equivocarse». Por ello, ha apuntado que el presidente del Ejecutivo regional, Gonzalo Capellán «no puede esconderse detrás de María Martín, que se ha equivocado de medio a medio en esta resolución y que no pague a nuestros mayores con esta moneda». No solo eso. También le han emplazado hasta el día 23 «a quitar esta resolución, enmendar la plana a la consejera y a evitar más conflictos en las personas mayores, porque no se puede enfrentar desde el ámbito de la política la mayoría social con la política».

La responsable de Sectores Sociosanitarios y Dependencia de CC OO, Carmen Martínez, ha hecho hincapié en «acudir todos juntos, unidos, a esta manifestación para lograr hacer entender que esta resolución no es la solución, porque lo único que va a hacer es que la atención al residente no sea la correcta». En el caso concreto de este sindicato, ya interpuso un recurso en el TSJR y, aunque les han comunicado que les darán traslado en 20 días, «no vamos a parar». «Durante todo este tiempo vamos a seguir movilizando a la ciudadanía para que este Gobierno, incluido el presidente, atienda nuestras peticiones, porque esto no puede continuar: las empresas no pueden seguir incumpliendo la ratio».

No solo por eso. «La consejera dijo que apuntalará desde el servicio público desde el servicio de sanidad público. Si cree que va a apuntalar a gerocultores, auxiliares, enfermeros, médicos, hasta cocineros, directamente le decimos que estas residencias de servicio privado se conviertan en servicio público y, así, evitaremos estos problemas y resoluciones implantadas por este Gobierno». Sobre todo, porque los usuarios de las residencias de mayores «están pagando por un servicio que no se les está dado, por lo que reiteramos que esta resolución la tienen que retirar ya, lo antes posible, antes de que esto vaya a más».

En la misma línea se ha manifestado Fernando Domínguez, secretario general de UGT Servicios Públicos, quien ha corroborado que esta resolución, «lejos de solucionar, lo que va a hacer es agravar la situación de las residencias». «Por mucho que la consejera de Salud como el de Hacienda aleguen que en 2021 ya se tomó por parte del Gobierno anterior una solución similar, hay que contextualizar que la situación de este año no es ni parecida a la que existía en aquel momento en La Rioja».

Todo debido, en parte, a que «en ese año estábamos dentro de un estado de alarma, habíamos pasado por una pandemia y un confinamiento en el que dentro de las residencias había una situación hiper complicada, con muchos profesionales enfermos, con un gran problema para tener personal en esos centros. Por eso se adoptó una medida similar, pero más acotada en el tiempo, pero tenía una duración determinada, durante el estado de alarma, mientras que la resolución de la consejera no tiene ninguna limitación temporal, es mientras la quieran mantener», critica.

De hecho, asegura que la propia resolución «dice que mientras haya un desajuste entre la oferta y la demanda está justificada, cuando ese desajuste viene existiendo desde antes de la pandemia, por lo que no es más que una excusa que pone la Consejería de Salud para adoptar una medida que ha estado pidiendo la parte empresarial de que se les exonere de no poder cumplir con los ratios que pide la ley de tener un mínimo de personal en los centros». «Si no son capaces de dar un servicio en las residencias porque no hay personal, que no liciten», expone Domínguez mientras añade que «no hay quien lo entienda, es absolutamente demencial, una medida que no se ha tomado en ninguna otra comunidad».

De ahí que, desde el propio sindicato, también se siga exigiendo que «se retire inmediatamente este medida, porque lejos de solucionar el problema de personal que existe en las resiedencias, lo que va a hacer es agravarlo». «La consejera de Salud y el de Hacienda dicen que hay un probelma con determinadas categorías, con los médicos y enfermeras, también con los gerocultores, para trabajar en estos centros. Gente hay, pero no están dispuestos a trabajar a cualquier precio».

El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez, tras ser preguntado por la decisión de no penalizar a las entidades de las residencias de mayores y centros de día que no cumplan con la ratio de presonal, ha asegurado que se trata de una «medida temporal». Además, tras la reunión del Consejo de Gobierno, ha resaltado la «transparencia» del Ejecutivo con la comparecencia de la consejera de Salud, María Martín, en el Parlamento para informar del asunto y las preguntas a las que se sometió Gonzalo Capellán también en la Cámara regional.

De hecho, ha hecho hincapié en que es «temporal» hasta que «haya un nuevo acuerdo marco que regule la gestión» de este servicio público, que «lo más importante es que seguimos incrementando la calidad del servicio y que las residencias cumplen los criterios de la legislación sobre el personal en los centros de día y residencias».