La Plataforma por la Sanidad baraja recurrir a los tribunales por las privatizaciones

En la rueda de prensa, en la que también han desglosado 13 propuestas para la elaboración de los presupuestos en materia sanitaria del próximo año, han solicitado que, si se permite «esa contratación con la empresa privada», «lo hagan con las mismas condiciones que se ofrecen en el sistema público sanitario para evitar problemas de salud». En este sentido, Granda ha apuntado que «ahora mismo esas condiciones no se dan» y ha citado como ejemplo que «las prótesis que se utilizan en Los Manzanos no son las mismas que en el Hospital San Pedro» y que «el único sitio donde se puede garantizar que haya una unidad de cuidados intensivos con todas las garantías para quienes se tienen que operar y pasar por esa unidad es en el San Pedro».

Ante esta situación, Granda ha afirmado que «tendremos que ver si este va a ser el camino del PP con la sanidad pública, porque no nos cabe duda de que tendremos que tomar este tipo de movilizaciones para evitar que nos vendan la sanidad pública a las empresas privadas».

Por su parte, Elena Sutil, coportavoz de la plataforma, ha apuntado que la licitación anunciada el pasado martes por el Gobierno riojano de licitar por 5.999.500 euros la contratación de «medios externos» para 2.050 intervenciones quirúrgicas, «no le va a resultar tan fácil licitar este número». Sobre todo, porque «desde 2023, en el artículo añadido a través de la Ley de Acompañamiento a la Ley de Salud de 2002, se incluye el artículo 34 bis que indica cuándo puedes contratar un servicio externo, de forma excepcional, justificada y motivada objetivamente, solo cuando no sea posible la prestación directa de los servicios públicos que integran el sistema riojano de salud».

Según el citado artículo, «tendríamos que tener todos los quirófanos del San Pedro al 100% de ocupación, operando durante todos los días de la semana y del año; todas las habitaciones del San Pedro y del hospital provincial al 100% de ocupación; y si en ese caso, que tuviésemos todo completo no se pueden asumir las intervenciones quirúrgicas, entonces se podría intentar justificiar que se externalizasen».

En este sentido, ha recordado que hubo un decreto elaborado por el PP «que decía cuándo se puede justificar que se puede externalizar una intervención quirúrgica». «Según el Partido Popular, esperar 100 días para operarse era un tiempo razonable y, a partir de ahí, podías obligar al servicio público de salud que te derivase a otro servicio público o a la privada«. »Estas condiciones son muy importantes y la justificación de la necesidad mediante un informe técnico es imprescindible, por lo que la persona que lo vaya a justificar tendrá que tener mucho cuidado de cuáles son las condiciones y de qué momento estamos para poder justificar esas privatizaciones».

Por otro lado, ha hecho hincapié en el artículo 191 de la Ley de Contratos del Sector Público, que indica que «si haces una licitación inferior a 6 millones de euros, como es el caso, tienes la posibilidad de incrementar en un 20% el precio de la licitación del contrato». Todo ello supondría, según Sutil, «una trampa complicada y bastante fea, porque el Gobierno de La Rioja podrían llegar a dar 7.199.400 euros por las 2.050 intervenciones a la empresa que licite la contratación«. Por ello, ha apuntado que »hay que tener muy en cuenta este artículo y esa triquiñuela que ha hecho el Gobierno para darle más dinero a la sanidad privada».

Asimismo, solicitan la aprobación de un artículo en la Ley de Acompañamiento que modifique la Ley de Salud de La Rioja para que la propia consejería «esté obligada a cubrir en cada ejercicio todas las vacantes establecidas en los puestos de trabajo». También plantean habilitar una UCI en el Hospital de Calahorra, dar continuidad a las «medidas extraordinarias» para reducir las listas de espera «sin formular contratos con la sanidad privada» o dar «solución» al contrato privado con Viamed Valvanera.

También proponen dar contenido a la Ley de Salud Mental, con pautas que mejoren la asistencia, un presupuesto para cumplir el derecho a la interrupción voluntaria de embarazo «en el hospital público más cercano a la residencia de la paciente». Otras propuestas abarcan desde mejorar el servicio de rehabilitación, continuar con la reversión de servicios públicos privatizados, iniciar los trámites para construir un hospital en La Rioja Alta o garantizar una atención sociosanitaria en los municipios rurales.