La Plataforma por la Libertad de Enseñanza exige que Andreu se «disculpe» por atacar a la concertada

La última de estas decisiones judiciales ha sido la sentencia del TSJR que anula la supresión de tres aulas en Escolapias, Alcaste y Salesianos.

«Como señala el Tribunal, el alumnado de la red concertada ha de estar en igualdad de condiciones que el alumnado de la red pública; no se pueden imponer cargas más gravosas a los centros concertados que a los públicos; y los intentos de incrementar plazas en los centros de una red y quitarlas en otra, sin tener en cuenta la voluntad de las familias y la demanda social, van en contra de la legislación», recalca la Plataforma.

«El Gobierno de Concha Andreu y la Consejería de Pedro Uruñuela nos han calificado como una plataforma 'insidiosa', 'desinformada', 'con ganas de molestar'… El tiempo y las sentencias han demostrado la necesidad y fundamento de nuestra constitución en febrero de 2020, que no era otra que garantizar la salud democrática del sistema educativo riojano», insiste el colectivo.

La Plataforma por la Libertad de Enseñanza aprovecha su nota de prensa para recordar cuáles son los procesos en los que sus demandas han sido escuchadas. En 2020, en plena pandemia, con las limitaciones que ello suponía, la Consejería de Educación publicó de forma inesperada una Resolución donde exigía a los centros de la red concertada unas ratios mínimas superiores a las de la red pública, recuerdan. «Es decir, para poder seguir existiendo, nuestros centros debían tener matriculados en sus aulas más alumnos que los centros públicos y, de no ser así, se podía eliminar el concierto –rememora Ana Isabel Preciado–. Intentamos hablar y negociar con la Consejería, pero, ante la falta de diálogo por su parte, nos vimos obligados a denunciar». El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja dio la razón a la educación concertada en cinco sentencias en las que se decía, entre otras cosas, que el Gobierno tomaba medidas con «falta de motivación».

También hablan de «falta de justificación jurídica y falta de diálogo» el intento de la Consejería de suprimer aulas Inmaculado Corazón de María (Escolapias Sotillo), Salesianos Domingo Savio y Alcaste. «La gravedad de la situación llevó a los jueces a tomar medidas cautelarísimas para frenar el ataque. Ahora, esas medidas provisionales urgentes son tres sentencias firmes que anulan la Resolución de la Consejería que pretendía eliminar el concierto en estas aulas», manifiesta la portavoz.

Por último, la Plataforma retirera su intención de «apostar por el diálogo» y exige que se convoque la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada: «Queremos llegar a acuerdos en los que se respeten los derechos de todas las partes».