La Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja anuncia la interposición de recursos en la vía judicial

A menos de 6 horas para comenzar el proceso de escolarización y una vez sorteadas las letras de desempate, ni los centros ni las familias riojanas conocían la oferta de plazas, según denuncian en un comunicado.

Tras el «disparate» de acortar el plazo de solicitud de 30 días a 4 y más tarde a 9, de retrasarlo del mes de abril al 3 de junio y después al 18, el proceso de escolarización está resultando un «cúmulo de improvisaciones y despropósitos por parte de un consejero de Educación, empecinado en su batalla ideológica contra la escuela concertada y demostrando lo poco que le importan las familias de ambas redes», añaden.

Sorprende, en opinión de la Plataforma, que ante las alegaciones presentadas por los centros, cuyo plazo finalizaba el martes 16 de junio, en menos de un día la Consejería piense tomar decisiones al respecto, dando muestras claras de «no atender dichas alegaciones con la rigurosidad y seriedad que el tema se merecía, y dejando al descubierto que las respuestas ya estaban preparadas de antemano»

El consejero, una vez más, «manipula los datos y miente a la opinión pública en el informe que presentó ayer en la comisión parlamentaria y en la nota de prensa posterior»

Ese informe, a juicio de la Plataforma, no especifica que de los 12,63 millones de euros incrementados en la enseñanza concertada riojana respecto a lo presupuestado en el año 2009, 8,25 millones obedecen a medidas dirigidas específicamente a la atención a la diversidad del alumnado, en condiciones equiparables a las existentes en la red pública: horas para alumnos de necesidades educativas especiales, Programas de Diversificación Curricular en ESO o de FP Básica, muy comunes en los centros públicos y casi inexistentes en la concertada, aulas para alumnos con graves trastornos de personalidad, o aulas TVA (Transición a la Vida Adulta) «que en su momento fueron rechazadas por el sistema público».

En ese informe, apuntan, no se consignan los gastos que sufragan los ayuntamientos a las aulas de la red pública como parte del gasto corriente o mantenimiento diario de instalaciones.

En el mismo documento «se argumentan las decisiones tomadas con respecto a la aparente distribución desigual del alumnado de origen inmigrante existente en los centros educativos de forma muy inapropiada y desafortunada». En primer lugar, porque el colegio lo eligen las familias. En segundo lugar, porque traslada a la opinión pública su idea de que «el alumnado de origen inmigrante es un problema para la educación riojana, alentando la xenofobia en la ciudadanía». Y en tercer lugar, porque «esa situación es muy dispar tanto entre los centros de la red pública como de la red concertada, la cual escolariza más de un 26% del total».

Comparando los datos aportados ayer por el consejero, con los que se publicaron en 2009 en un Informe especial de la Defensora del Pueblo Riojano, se aprecia que en 10 de los 14 centros concertados ha crecido el porcentaje de alumnado de origen inmigrante.

En ese informe «sigue quedando claro que el consejero no entiende que las dos redes sostenidas con fondos públicas son complementarias». La red concertada «no nació para suplir donde la pública no llegue, nació para dar cumplimiento a un derecho fundamental que todos tenemos: el derecho a la libertad de enseñanza», matizan.

En ese informe se insiste en que «no hay un plan ideológico contra la red concertada, lo que a día de hoy, queda desmentido con los hechos». Insiste en que las familias van a poder elegir cualquier centro, cuando en realidad, la supresión de 7 unidades de Infantil (3-6 años) en Logroño significan el desmantelamiento de seis de las 30 líneas educativas existentes en los centros de la capital riojana, es decir, el 23% de la oferta.

«No es la primera vez que el consejero manipula y hace una lectura sesgada de los datos mintiendo a la opinión pública», apuntan en el comunicado, porque «no escucha el clamor de las más de 2.000 familias que salieron a la calle a manifestar su opinión».

Consideran que no entiende que el diálogo es necesario. «Por secuestrar el proceso de escolarización durante más de dos meses. Por crear, con decisiones y posturas discrecionales y arbitrarias, un conflicto en el sistema educativo riojano inexistente hasta su llegada a la Consejería. Por no preocuparse de los problemas reales que en este momento tiene que acometer de cara al curso que viene como instalaciones, organización de centros, alumnos por aula, o recursos humanos necesarios. Por estar retrasando voluntariamente decisiones tan importantes para las familias como la escolarización de sus hijos, las becas de libros, las becas de comedor o el programa de gratuidad entre otros, creando así angustia, inseguridad y confusión en las familias. En definitiva, por dedicarse más a cumplir las expectativas ideológicas de su socio de gobierno que a cumplir con sus obligaciones como consejero de Educación de todos los riojanos, la plataforma vuelve a pedir a la Presidenta de La Rioja que le cese de inmediato».

«El sistema de educación riojano no se merece tener al frente de su gestión a una persona así.», subrayan. «Le muy grande el sillón que ocupa».

Finalmente, hacen un llamamiento también a la presidenta, ya que «si sigue haciendo caso omiso a las peticiones de una buena parte de la sociedad riojana, con su silencio, estará siendo cómplice de todos estos despropósitos que está padeciendo el sistema educativo riojano».