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Alrededor de 1.500 de los 4.000 interinos empleados en la Administración riojana podrían beneficiarse del acuerdo alcanzado por PSOE, Unidas Podemos, ERC y el PNV para funcionarizar, sin necesidad de una oposición (bastaría con acceder a un concurso de méritos), a quienes llevan ... cinco años cubriendo de forma ininterrumpida la misma plaza. En el conjunto del país serían 300.000 trabajadores de los 800.000 interinos de larga duración que estiman los sindicatos. La propuesta pactada supone rebajar de diez a cinco años el periodo exigido inicialmente por el Ministerio de Hacienda para reducir la temporalidad en la Administración, dejando así la puerta abierta a que estos trabajadores puedan consolidar su plaza de forma automática.
La Plataforma de Interinos de La Rioja (PIR) es contraria a este acuerdo político. Por un lado, porque se quedarían fuera de él «dos tercios de los trabajadores que están en fraude de ley». En este sentido, la PIR recuerda la sentencia del Tribunal Supremo publicada el pasado 28 de junio, según la cual no se puede permanecer un máximo de tres años en situación de provisionalidad. Es «lo que también dice» el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y ha refrendado la Justicia europea: se trata de un abuso de temporalidad y de un fraude de ley.
Quiénes han firmado el acuerdo. Los partidos que sostienen al Gobierno central (PSOE y Unidas Podemos), ERC y el PNV.
Qué se ha firmado. Consolidar de forma automática las plazas de determinados interinos para rebajar la temporalidad en la administración pública.
A quiénes está dirigido. A quienes lleven cinco años en el mismo puesto de forma ininterrumpida. Inicialmente el Ministerio de Hacienda planteaba diez años.
Cómo es el procedimiento. No sería necesaria una oposición. Bastaría con acceder a un concurso de méritos amparado en el artículo 61.6 de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
Y por otra parte, la PIR considera que tampoco «es un procedimiento adecuado» conforme a la jurisprudencia sentada porque «no son las plazas las que están en fraude de ley, sino las personas que las ocupan, y lo que deben hacer es regularizar la situación de los trabajadores que llevamos más de tres años trabajando para la administración». La PIR «lleva denunciando esto desde hace cinco años pero ellos, en lugar de regularizar a la gente, juegan con los números y fijan una cifra de 300.000, lo que es muy lamentable».
Por su parte, la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, apoyó este viernes el acuerdo. En declaraciones recogidas por Europa Press, la jefa del Ejecutivo regional respaldó «cualquier avance que permita estabilizar la situación de las personas que están en interinidad». Máxime, subrayó, cuando se ha llegado a él «de manera consensuada». En la misma posición se pronunció el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.
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Otros presidentes autonómicos del PSOE, sin embargo, se mostraron más cautos en su análisis. Guillermo Fernández Vara (Extremadura) y Francina Armengol (Baleares) consideraron que se trata de una buena noticia, pero prefirieron no adelantar acontecimientos.
Por su parte, a excepción de Galicia, todas las comunidades gobernadas por el PP salieron en tromba contra el acuerdo por considerarlo «una concesión demagógica» y «un anuncio trilero de la factoría de Sánchez».
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