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Viernes, 11 de enero 2019, 13:18
El IV Plan de Infancia y Adolescencia de La Rioja con enfoque basado en derechos humanos 2018-2021, aprobado hoy por el Consejo de Gobierno regional, sitúa al menor en el centro de las políticas públicas, como titular de derechos y sujeto activo.
La portavoz ... del Consejo de Gobierno y consejera de Presidencia, Begoña Martínez Arregui, ha explicado este viernes, en una rueda informativa, el acuerdo que aprueba este plan, entre cuyos principales objetivos figura promover el desarrollo integral del menor y reforzar el sistema de atención y que está dotado con 146,3 millones de euros.
Se trata de «un plan abierto y de mejora continua», que parte de las actuaciones que ya desarrollan diferentes áreas del Gobierno; y que se ha diseñado tras las elaboración de la Estrategia en materia de Infancia y Adolescencia del Ejecutivo regional.
Su redacción se ha desarrollado de forma paralela a la revisión de la nueva Ley de Protección de Menores de La Rioja, con el objetivo de conseguir la máxima coherencia entre ambos instrumentos, ha dicho.
El plan se articula en torno a dos grandes ejes, que aglutinan ocho líneas estratégicas, a partir de las que se han definido los objetivos de actuación.
El primer eje incluye las líneas estratégicas orientadas a promover el desarrollo integral de los menores, por lo que implica actuaciones directas con niños y adolescentes; y el segundo agrupa las acciones dirigidas a reforzar el sistema de atención a los menores.
En ellos, la prevención y la eficacia en la respuesta que los servicios públicos den ante cualquier problema que afecte al menor o a su entorno ocuparán un papel destacado, ha subrayado la portavoz.
Martínez Arregui ha indicado que el plan dará preferencia a consolidar el acceso a los recursos de bienestar que garanticen el desarrollo integral de los menores y promover la diversidad y la no discriminación en el diseño y ejecución de las políticas públicas.
A ello ha sumado actuaciones para prevenir y proteger a menores de toda forma de violencia y potenciar el aprendizaje y el ejercicio de ciudadanía.
También se ha apostado por situar a los menores en las políticas públicas; reforzar la coordinación inter e intrainstitucional; fortalecer la capacitación de todos los agentes que intervienen con menores y mejorar los sistemas de información, investigación y evaluación.
Se pondrán en marcha mecanismos de seguimiento y coordinación para garantizar la participación de las diferentes áreas del Gobierno, de la sociedad civil y de los menores.
Para ello, se nombrará una persona responsable de la coordinación del plan dentro de la Consejería de Política Social; se creará una comisión de seguimiento del plan, con participación de técnicos de diferentes áreas del Gobierno, entidades del tercer sector y la Universidad; y se articulará que los niños y adolescentes puedan participar a través de mecanismos estables de participación.
La portavoz ha insistido en que es un texto de carácter transversal, que ha contado con la implicación de 17 Direcciones Generales del Gobierno regional; de la Universidad de La Rioja y de las principales ONG que trabajan con la infancia, como Unicef, Cuz Roja, Ymca, Apir y Pioneros.
Además, se ha desarrollado un proceso participativo previo, que ha contado con una amplia muestra de niños y adolescentes, quienes, por medio de cuestionarios entregados en sus centros educativos y organizaciones a las que pertenecen, han expresar sus necesidades y expectativas en relación a los temas que les afectan.
De esta forma, ha afirmado Martínez Arregui, se han convertido en «sujetos activos de las políticas públicas, que no solo se ven representados, sino que participan en los procesos que les afectan».
El plan está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que promueven los derechos de la infancia y suponen una oportunidad para proteger a todos los niños porque «garantizar el bienestar de la infancia es una condición esencial para cumplir la Agenda 2030».
Ha indicado que «hacer realidad los ODS es una apuesta por un modelo social y político que pone en el centro a los menores, en especial a los más vulnerables».
El Gobierno de La Rioja ha aprobado esta mañana en Consejo de Gobierno un gasto de 813.475,80 euros para la prórroga del contrato de gestión de servicio público de ocupación y reserva de 42 plazas de centro de día y 27 plazas para el centro ocupacional que gestiona Aspace en Logroño para personas con discapacidad y con parálisis cerebral y afines.
La portavoz del Gobierno de La Rioja, Begoña Martínez Arregui, ha aclarado que el centro de día atiende de forma integral a aquellas personas con parálisis cerebral y deficiencias afines en edad adulta que necesitan una serie de apoyos, específicos o generales, de forma transitoria y/o permanente. «El objetivo de este recurso es que los usuarios obtengan el mayor nivel de autonomía personal y social en función de sus posibilidades», ha afirmado, así como «posibilitar el aprendizaje de habilidades ocupacionales y de desarrollo personal y social». En septiembre de 2018 se amplió en 3 el número de plazas concertadas, que pasaron de 39 a las 42 plazas actuales.
El centro ocupacional de Aspace Rioja es un recurso dirigido a lograr la integración social de sus usuarios, mediante la realización de actividades capacitadoras y terapéuticas de formación ocupacional y de desarrollo de habilidades personales y sociales. Los usuarios de este centro son personas que han terminado su proceso formativo y pueden tener posibilidades de incorporación al mercado laboral.
La prórroga tiene un año de duración, del 1 de febrero de 2019 y el 31 de enero de 2020.
En la reunión semanal de Consejo de Gobierno se ha dado luz verde al gasto de 515.825,30 euros para la prórroga del contrato, en modalidad de concierto, de 20 plazas en residencia de personas mayores para grandes dependientes en la Rioja Baja con la Fundación Ramón Ardid.
Esta Fundación gestiona la residencia Nuestra Señora del Pilar de Alfaro que dispone de un total de 72 plazas: 52 privadas y las 20 plazas concertadas que son objeto de esta prórroga.
El objetivo de este contrato es ofrecer una atención integral a las personas mayores, teniendo en cuenta el grado y nivel de dependencia, y la intensidad de los cuidados que precisan.
Este acuerdo se engloba dentro de la estrategia regional para el reto demográfico, dado que el desafío poblacional contempla el objetivo de favorecer una vida más longeva y de calidad mejorando los servicios sanitarios y sociales para reducir el nivel de dependencia de la población envejecida de la región. Con este tipo de plazas se trata de ofrecer en todo el territorio recursos suficientes y de calidad para las personas mayores, independientemente de cuál sea su lugar de residencia.
La prórroga tiene un año de duración que tendrá lugar entre el 1 de febrero de 2019 y el 31 de enero de 2020.
El Consejo de Gobierno ha acordado este viernes destinar 469.800 euros a prorrogar dos contratos de intervención en atención temprana en el desarrollo evolutivo o en el desarrollo sensorial del lenguaje y la audición en Logroño.
En concreto, se prorrogan los contratos suscritos con la empresa Logopedia y Audiología, al que se destinan 234.900 euros, y con la Clínica del Lenguaje, que cuenta con una aportación de igual cantidad, 234.900 euros.
La atención temprana es el conjunto de intervenciones que tienen por objeto dar respuesta a las necesidades que presenta la población infantil de cero a seis años con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos, y sus familias, para prevenir o compensar las desventajas transitorias o permanentes.
Es una atención individualizada de carácter preventivo, asistencial, habilitador, orientada a la población infantil y a su entorno familiar y social; mediante una intervención planificada por un equipo interdisciplinar de profesionales y coordinada con otros recursos de atención. Las sesiones tienen una duración de 45 minutos.
La prórroga de los contratos tiene como objetivo dar continuidad a los servicios que se están ofreciendo ya por estas empresas y que son en mayor medida fisioterapia, psicología, logopedia, estimulación, piscomotricidad, lenguaje de signos y cualquier otra que pudiera ser adecuada para el desarrollo del menor.
En ambos casos, se incluye un número máximo de 10.000 sesiones y la prórroga tiene un año de duración, desde el 8 de febrero de 2019 al 7 de febrero de 2020. Actualmente la red de centros de intervención de servicios sociales cuenta con 13 centros y 7 de ellos se ubican en Logroño.
La consejera de Presidencia, Relaciones Instituciones y Acción Exterior, Begoña Martínez Arregui, ha informado en la reunión de esta mañana sobre la acción desarrollada en 2018 por el Consejo de Gobierno, el máximo órgano colegiado del Gobierno regional, que está presidido por el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros.
«La publicación de esta memoria se enmarca dentro del compromiso del Ejecutivo riojano con el Gobierno Abierto y con los principios de transparencia y rendición de cuentas al ciudadano con el objetivo de lograr una apertura total y efectiva del Ejecutivo», ha afirmado.
En 2018, el Consejo de Gobierno se reunió en 54 sesiones y aprobó un total de 676 expedientes, entre los que figuran 7 proyectos de Ley, 44 decretos, y 95 convenios.
En cuatro ocasiones estas reuniones se celebraron fuera del Palacio regional, en concreto tuvieron lugar en Santo Domingo de la Calzada, Torrecilla en Cameros, Alfaro y en el Centro Tecnológico de La Rioja. Además, hubo otros cuatro consejos extraordinarios.
Por consejerías, los expedientes se distribuyen de esta manera: Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior aprobó 37 expedientes; Administración Pública y Hacienda, 141; Salud, 106; Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, 126; Educación, Formación y Empleo, 73; Desarrollo Económico e Innovación, 53; Agricultura, Ganaría y Medio Ambiente, 81 y Fomento y Política Territorial, 59.
Respecto a los proyectos de ley y decretos aprobados el año pasado, 8 corresponden a Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior; 15 a Administración Pública y Hacienda; 2 a Salud; 6 a Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia; 3 a Educación, Formación y Empleo; 5 a Desarrollo Económico e Innovación; 8 a Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; y 4 a Fomento y Política Local (4).
La memoria destaca la actividad del Consejo de Gobierno en los meses de octubre y noviembre, con 89 y 86 expedientes aprobados, respectivamente. Le siguen junio, con 70; diciembre, con 67; marzo, con 64; mayo, con 57; abril, con 53; febrero, con 42; septiembre, con 40; agosto, con 39; julio, con 36 y enero, con 27.
Por otro lado, este informe permite analizar la evolución de la actividad del Consejo de Gobierno. Así, en 2013 se aprobaron un total de 607 expediente; en 2014, 603; en 2015, 644; en 2016, 622, y en 2017, 690.
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