Un Parlamento sin plenos

Hace dos semanas, la misma Mesa acordó «modificar el citado calendario en el sentido de no celebrar las sesiones plenarias previstas en el mismo hasta la aprobación definitiva de los proyectos de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2024, celebrándose únicamente las sesiones plenarias que sean necesarias para dicha aprobación». El proceso de presentación de enmiendas parciales acaba de comenzar, así que previsiblemente la aprobación de las cuentas tendrá lugar la última semana de diciembre. Hasta entonces, toda la actividad parlamentaria girará en torno a los Presupuestos. No habrá preguntas orales al presidente y a los miembros del gobierno, y tampoco se debatirán proposiciones, interpelaciones u otras iniciativas. Como sus señorías –que siguen aplicadamente el calendario escolar y aun lo mejoran– suelen guardar fiesta en enero, lo más normal es que no haya plenos hasta febrero.

El Gobierno explica la decisión por la necesidad de centrarse por completo en los Presupuestos, pero la oposición clama contra «el cerrojazo» del Parlamento. Aunque el Reglamento de la Cámara permite suspender la actividad ordinaria para dar prioridad al examen de las cuentas regionales, la portavoz adjunta del PSOE, Sara Orradre, considera que «no está ni mucho menos justificado, ya que traslada a la sociedad una imagen muy poco edificante del trabajo que desarrollamos. Esta decisión –abunda– hurta a los diputados de la oposición su legítimo derecho a ejercer su labor de control e impulso al Gobierno».

Más beligerantes se muestran en Podemos-IU. En el último pleno, su portavoz, Henar Moreno, empezó su intervención denunciando «el rodillo parlamentario» del Partido Popular: «En cuanto tienen ustedes la mayoría suficiente, vulneran nuestros derechos y cierran el Parlamento hasta nuevo aviso. Las formas son importantes y esto es un atropello».

Desde Vox mantienen una postura más matizada. Por un lado afean al Gobierno su retraso en elaborar las cuentas del año 2024: «Si nos las hubieran presentado en tiempo y forma, a finales de septiembre, no habría habido necesidad de suspender los plenos», explica su portavoz, Ángel Alda. Por otro, consideran «oportunista» la reacción del PSOE y, sobre todo, de IU: «Al haberlas entregado en noviembre, es la única manera para que los grupos pequeños podamos examinarlas con detalle».

Para el PP, sin embargo, ninguna de las objeciones tiene sentido. En el último pleno, la portavoz popular, Cristina Maiso, recordó que el Parlamento no se había «cerrado» y seguía habiendo, por ejemplo, comparecencias en comisión: «Lo que se ha hecho es dar prioridad a esta ley, como hicieron ustedes en 2021 –enfatizó–. Lo que hacemos es velar por la calidad técnica y la seguridad jurídica de la ley más importante».

La mención de Maiso no fue casual y viene de perlas para subrayar la volatilidad de las opiniones políticas. Es cierto que en 2021, la Cámara regional, a instancias de PSOE y de Podemos-IU, suspendió los tres plenos pendientes hasta final de año. Pero esas justificaciones adquieren un efecto bumerán cuando se recuerda que, en ese momento, el entonces portavoz popular, Jesús Ángel Garrido, hoy director general de Tributos, esgrimió con gran indignación razones muy sonoras -y muy similares a las que ahora empuñan socialistas e izquierdistas- para oponerse a la clausura del Parlamento en noviembre: «Es un cerrojazo intolerable y una vuelta de tuerca más en la falta de transparencia. La Cámara se deteriora porque no va a poder realizar sus funciones».

El propio Garrido esbozaba entonces una cuestión interesante. Cuando se acordó la profesionalización del Parlamento, se indicó la oportunidad e incluso la conveniencia de celebrar un pleno semanal. Aquel entusiasmo oratorio pasó pronto y la cadencia volvió a situarse en una sesión plenaria cada quince días. Ahora, ni eso.