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El director general de Fondos Europeos, Jesús Ángel Garrido, debe estar que trina. No descarto que a estas alturas haya llamado ya al presidente de su partido, Gonzalo Capellán, para cantarle las cuarenta. ¡Eso no se hace, hombre! ¡Y por segunda vez en la legislatura! ¿ ... Qué somos? ¿Comunistas?
En el año 2021, cuando Garrido era el portavoz del PP en el Parlamento de La Rioja, el Gobierno de Concha Andreu decidió suspender tres plenos para dar prioridad a la tramitación de la Ley de Presupuestos. Había que oír entonces a Garrido, lleno de santa ira y terrible indignación: «Es un cerrojazo intolerable y una vuelta de tuerca más en la falta de transparencia –clamaba–. La Cámara se deteriora porque no va a poder realizar sus funciones».
En un curioso caso de inversión térmica, ahora es el Gobierno del PP el que toma esta decisión y la oposición socialista la que critica amargamente el «cerrojazo al Parlamento». Lo mismo sucedió el año pasado, así que esto amenaza con convertirse en una simpática costumbre riojana. Los políticos y los militantes más febriles no necesitan pensar por sí mismos porque les basta con aplicar su plantilla (si lo hacen los míos está bien, si lo hacen los otros está mal), pero los demás debemos exigirnos una cierta desnudez en el análisis.
El Parlamento de La Rioja –hoy profesionalizado– tenía que haber celebrado varias sesiones plenarias de aquí a final de año. Así estaba programado. Sin embargo, el 9 de octubre, la Mesa del Parlamento, dominada por la mayoría absoluta del Partido Popular, decidió «no celebrar las sesiones plenarias previstas hasta la aprobación definitiva de los proyectos de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2025». Esto es como si un autónomo tuviera que cerrar su tienda un par meses para hacer las cuentas del año sin distracciones molestas ni clientes incómodos.
Cuando el Parlamento decidió «profesionalizar» a sus diputados y pagarles una generosa retribución para que hicieran su trabajo a tiempo completo, se dijeron muchas cosas hermosas: ¡Se revitalizará la vida parlamentaria! ¡Por fin podremos celebrar plenos semanales! ¡Esto va a ser un no parar, una efervescencia, un bullir de iniciativas! Sin embargo, podemos hacer ya un primer balance de la profesionalización del Parlamento de La Rioja: sus señorías hacen lo mismo que antes pero cobrando bastante más. Desde este punto de vista, ha sido un éxito sin paliativos.
En este caso, sin embargo, no se trata de un rapto de holgazanería, siempre respetable, sino de un nuevo ejemplo de la escasa afición que muestran los gobiernos por la rendición de cuentas. Como la producción legislativa autonómica es bastante escasa, los plenos del Parlamento se suelen dividir en dos partes: una –la más ágil e interesante– son las preguntas que los diputados dirigen al presidente del Gobierno o a sus consejeros; otra –la más plomiza y prescindible– se resume en las iniciativas de «impulso», en el que el Legislativo «insta» al Ejecutivo a que haga determinadas cosas. Luego el Ejecutivo hace lo que le viene en gana, como es natural, y todo queda en agua de borrajas.
Pero al menos la primera parte, en la que sus señorías se dedican a controlar la labor de el Gobierno, resulta esencial para un sistema democrático. Su supresión durante varios meses resulta, como bien decía Garrido antes de reencarnarse en director general, «un deterioro de la Cámara». Lo que servía para Andreu sirve para Capellán. Es cierto que la ley concede a los Presupuestos «preferencia en la tramitación», pero ese no debería ser motivo suficiente para que el Ejecutivo escape, siquiera por unas semanas, al control del Parlamento.
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