Piden la derogación de la Ley de Protección Animal de La Rioja con 28.000 firmas

Ha señalado que este es su «plan A», mientras que el «plan B» consiste en, a través de una federación de asociaciones caninas, interponer un recurso ante el Defensor del Pueblo a fin de que «estudie la causa y vea si es constitucional o no esa ley aprobada en La Rioja».

El Gobierno central, ha proseguido, ha realizado «un informe que dice que se tiene que reunir con la Cámara regional para estudiar esta ley, puesto que se mete en competencia a nivel estatal y dice cosas contrarias a lo que dice la normativa estatal».

Pérez ha indicado que la castración sistemática de mascotas incluida en esta ley regional «es práctica para el dueño, porque no se tiene que preocupar, pero para un animal sano una castración conlleva una serie de inconvenientes», que pueden ser desde la incontinencia urinaria y problemas de sobrepeso hasta tumores.

Estos perjuicios, de los que, a juicio de Pérez, no se informa de manera adecuada, están abalados por estudios como el de la Universidad Veterinaria de Málaga, que esta plataforma ha presentado ante el Tribunal Constitucional, y el de la Universidad Complutense, por lo que «no hay una conclusión única de si castración sí o no».

«Si hay un problema posterior, ¿quién se hace cargo de los perjuicios?, ¿el Gobierno de La Rioja o el propietario? porque, cuando un propietario se decide por la castración, el veterinario le dice sus beneficios y contraindicaciones y el dueño decide, pero, en el caso de que le obligue el Ejecutivo riojano por ley ¿quién es responsable?», ha dicho.

La Ley de Protección Animal de La Rioja contiene un artículo en el que «se entrevé que se autoproclaman los animalistas como portavoces a la hora de meterse en un domicilio o finca sin orden judicial para verificar si están castrados, bien alimentados o tienen los dos paseos diarios correspondientes los animales».

«Eso lo podrá hacer la Guardia Civil y el SEPRONA, puesto que están habilitados para ello, pero no unos animalistas», ha resaltado Pérez, quien ha concluido que «no se impone esa manera de actuar ni con terroristas, ¿y se va a hacer para verificar que los animales están bien cuidados?, no tiene lógica».