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LA RIOJA
Logroño
Domingo, 25 de febrero 2018, 19:30
El fiscal pide una pena de tres años de cárcel a un promotor inmobiliario y 18 meses de prisión a un arquitecto como presuntos autores de un delito de estafa, tras dejar sin finalizar la urbanización "Las Encinas" de Lardero, por lo que sus propietarios tuvieron que pagar casi 422.000 euros. La Audiencia Provincial de Logroño ha señalado la celebración de este juicio durante tres jornadas, desde este lunes hasta el miércoles 28 de febrero, según indica la agencia Efe en un comunicado.
Según detalla el Ministerio Público en su escrito de acusación, uno de los acusados constituyó en 1999 la mercantil "Promociones Valdemadera S.L.", a través de la que adquirió unos terrenos en la unidad de ejecución UE-13 de Lardero por valor de 1,30 millones de euros.
Para realizar una urbanización en estos solares contrató al segundo acusado como arquitecto, para que se encargase de redactar los proyectos.
Esta urbanización incluyó veinte viviendas (seis apartamentos, nueve dúplex y cinco adosados), con zona verde, piscina, garajes y trasteros; y también incluía una actuación posterior de seis viviendas (tres adosados, dos dúplex y una vivienda-piso) con sus trasteros y plazas de garaje.
El promotor formalizó un préstamo hipotecario sobre las fincas para ejecutar la primera fase de la urbanización y después realizó contratos de compraventa privados con los compradores de las 26 viviendas. Sin embargo, en 2003 les comunicó que la empresa había abandonado la obra y no podía continuar con la promoción, que no estaba finalizada.
El acusado pidió al arquitecto que realizase certificaciones de la obra por encima de los trabajos ejecutados, según el fiscal. Cuando la promotora se declaró en quiebra, los propietarios tuvieron que hacerse cargo de la finalización de la construcción, que les supuso el pago total de casi 422.000 euros.
Para la Fiscalía, estos hechos suponen un delito de estafa, cualificado por recaer sobre viviendas, del que es presunto autor material el promotor -por lo que a los tres años de cárcel suma una multa de 13.500 euros- y cooperador necesario el arquitecto -al que pide 18 meses de prisión y una multa de 1.800 euros-. Ambos acusados tendrán que pagar a los propietarios de las viviendas los 422.000 euros, más sus intereses.
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