Piden 6 años de cárcel para dos acusados por impagar facturas a empresas riojanas que trabajaban en la presa de Enciso

El escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, expone que, de un tiempo a esta parte, se está realizando la denominada presa de Enciso, cuya ejecución encargó el Estado a una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por dos sociedades.

En este proceso, una de las sociedades subcontrató a otra para llevar a buen término las obras. Esta segunda UTE, a su vez, estaba formada por diversas mercantiles y, una de ellas, tenía como socios a los dos acusados en el proceso.

Dicha mercantil tenía como objeto el transporte, por medio de camiones, de los áridos dentro de la obra y, en el desarrollo de su actividad optó por contactar con diferentes empresas de la zona (que serán las posteriormente perjudicadas), iniciando con éstas unas relaciones comerciales que tuvieron en común «la apariencia de seriedad y solvencia, generando confianza en las perjudicadas, basadas en que formaba parte de una UTE que ejecutaba una obra pública», tal y como explica el escrito.

Además, para realizar estos trabajos se abonó a la mercantil la cantidad de 457.922,89 euros.

En concreto, entre las empresas perjudicadas por esta mercantil destaca un taller -situado en el polígono El Roturo de la localidad de El Villar de Arnedo- que se encargaba de la reparación de vehículos industriales. Cuenta con facturas impagadas de un total de 39.144,26 euros.

También salió perjudicada otro taller situado en Arnedo que se contrató para cambiar y reparar los neumáticos de los camiones que utilizaban. Reclaman 13.799,15 euros.

Además, resultó afectado un hotel de Arnedillo que prestaba servicio a los obreros en lo relativo al alojamiento y pensión durante la ejecución de la obra. Se dejaron de abonar los importes por un total de 5.351,20 euros «sin explicación alguna».

También tuvo problemas una empresa situada en la carretera de Quel de Arnedo, cuyo objeto social es el comercio al por mayor y por menor de maquinaria industrial de todo tipo y sus accesorios, con facturas impagadas por valor de 1.895,75 euros.

Además, una empresa de Calahorra, cuyo objeto social era la comercialización y suministro de repuestos y recambios de automoción, reclama 522,14 euros y otra de la misma localidad dedicada a la fabricación de plataformas para el transporte de mercancías así como la reparación de vehículos suma pérdidas de 6.318,76 euros de deuda al no haberle sido abonada ni una sola factura.

La cantidad total adeudada a las perjudicadas es de 67.031,26 euros.

Para el Fiscal, estos hechos relatados son constitutivos de un delito de estafa con una cuantía superior a 50.000 euros. Por ello propone imponer a cada uno de los acusados la pena de 3 años de prisión así como una multa de nueve meses a razón de una cuota diaria de 10 euros.

Finalmente, por responsabilidad civil solicita 67.031,26 euros. Como responsable civil directo de estas cantidades será la mercantil, cuyos administradores eran los dos acusados, quien deberá hacerse cargo.