UPA pide la nulidad de las elecciones al Consejo por la admisión de miles de hectáreas de bodegas

En este sentido, tal y como se ha puesto de manifiesto en el juicio, la OIPVR ha consultado al Ministerio en el año 2011, a raíz de la crisis por el reparto de representación entre las organizaciones del sector productor. El escrito de mediación, de 2012, ha concluido que debían excluirse del censo las hectáreas de aquellas bodegas con NIF coincidente entre su actividad elaboradora y viticultora, pero no las que tienen NIF o CIF diferente, de forma que hay bodegas que acreditan sus litros en la OPIVR en la rama comercial y sus hectáreas, por delegación a una organización agraria, en la rama productora.

Una doble representación que el abogado de UPA no ha dudado en calificar de «fraude de ley», por cuanto considera que se desvirtúa el propio modelo de representación interprofesional -cuyo principio fundamental es la paridad de fuerzas- al conseguir las grandes bodegas representación en uno y otro sector.

El letrado ha aportado como prueba un listado con miles de hectáreas de empresas del Grupo Rioja, la organización bodeguera dominante, que delegaron su representación al sindicato ARAG-Asaja: «Es clamoroso», ha asegurado el abogado demandante.

En el juicio participaron como testigos, además de la coordinadora jurídica de la OIPVR ya jubilada, Carmen Pérez, el director general del Consejo Regulador, José Luis Lapuente, y el expresidente Fernando Salamero. Pérez y Lapuente han insistido en que, más allá de si la cuestión es justa o injusta, «las hectáreas se contabilizan escrupulosamente de acuerdo con los criterios marcados por los estatutos y con el respaldo por parte del Ministerio». Ahora bien, el abogado de la demandante también ha dejado claro que «la Ley de Interprofesionales está por encima de los estatutos de una entidad en concreto y el principio fundamental es la paridad y que no haya doble representación».

UPA ha aportado asimismo un correo de contestación del Ministerio en el que ratifica que el criterio de contabilización de hectáreas efectivamente lo ha marcado ese organismo, pero que, por supuesto, aceptaría lo que decidan los tribunales: «El Ministerio no es en este caso el que tiene la última palabra, sino los juzgados», ha dicho el letrado.

No es nada sencillo el sistema de acreditación de la OIPVR y del Consejo Regulador. Los dos sectores profesionales, comercial y productor, se reparten cien votos cada uno, 200 en total, con la intención de que haya paridad de fuerzas.

Entre los viticultores -cuyo resultado de las últimas elecciones es el que no reconoce UPA-, las fuerzas se dividen entre cooperativas y organizaciones profesionales agrarias. Las cooperativas suman de partida la superficie que cultivan todos sus socios, sin necesidad de acreditar, a la que luego añaden, según establecen los estatutos y el Ministerio en la consulta del 2012, un pequeño porcentaje adicional por comercialización. En las pasadas elecciones, obtuvieron el 41% y el resto se lo repartieron entre las OPA.

Es decir, por estatutos serían las cooperativas las únicas con derecho reconocido a una representación como productores de uva y comercializadores de vino. De hecho, las bodegas no tienen representación directa en la parte de la mesa productora, pero, según la UPA, sí de facto al delegar las grandes empresas en el sindicato agrario ARAG-Asaja.

En cualquier caso, en la consulta ministerial de 2012 se trató también qué sucedía con el viñedo propiedad de las bodegas: el Ministerio decidió que aquellas empresas comercializadoras con el mismo NIF o CIF no podrían ceder su representación a los viticultores, aunque tengan viñedo en propiedad, sino exclusivamente a la rama comercial por los litros vendidos. Sin embargo, sobre los NIF o CIF no coincidentes -las grandes empresas suelen tener por un lado una identificación fiscal para el negocio de venta de vinos y otro para la sociedad de campo-, el Ministerio no dijo nada, con lo que sus hectáreas sí se contabilizan también en el censo productor.

Lo que ha intentado demostrar el abogado de UPA, con un listado obtenido del Consejo Regulador y que luego ha cotejado con los registros mercantiles de las sociedades vitícolas, es que la delegación de miles de hectáreas recae en el sindicato ARAG-Asaja, con lo que éste estaría sobrerrepresentado y las bodegas tendrían capacidad de influencia sobre sus votaciones.

En las pasadas elecciones, las cooperativas lograron el 41% de los votos productores y las OPA se repartieron el resto: ARAG-Asaja obtuvo el 34%, la UAGR el 8%; el 7% para la UAGA alavesa; el 6% para UPA -que no los reconoce- y el 5% restante para UAGN (Asaja-Navarra).

El abogado de la demandante ha insistido varias veces durante el juicio en el concepto de «fraude de ley» en referencia a los estatutos actuales de la OIPVR y ha replicado con este argumento a una de las opciones que la representante legal de la Interprofesional ha sugerido para corregir supuestos defectos en la representación: cambiar los estatutos como ya se hizo en el año 2014. «Cómo se van a cambiar los estatutos, si para ello es necesario el 'sí' del Grupo Rioja, que tiene casi el 80% de los 200 votos de la mesa» (para cualquier decisión o cambio son necesarios 150 votos y al menos 50 de cada rama). «¿Cómo va a apoyar una modificación de los estatutos quien genera el fraude?», ha concluido el abogado.