Cs pide que las empresas licitadoras se incluyan en el Registro del Sector Público

Entre estas medidas, ha mencionado la de instar al Gobierno de España a «intensificar la lucha contra la economía sumergida, reforzando los medios humanos, competencias y sanciones de los órganos inspectores, como la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Además, también ha solicitado que el Ayuntamiento de Logroño firme un convenio de colaboración con la Dirección territorial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en La Rioja para que le notifique «todas las licencias de obras que se soliciten en el Consistorio».

El portavoz de Cs ha subrayado que «el fraude fiscal y la economía sumergida pone en peligro las condiciones laborales y derechos de los trabajadores», así como la reducción de los ingresos a las distintas administraciones y la competencia desleal entre empresas.

También ha criticado que «pone en riesgo la seguridad de los consumidores y supone una amenaza a nuestro modelo de economía de bienestar», ya que el descenso en la recaudación «hace peligrar el sistema de políticas sociales», como asistencia sanitaria, educación, jubilaciones y prestaciones».

La economía sumergida supone aproximadamente el 23 por ciento de la recaudación de impuestos, lo que equivale al 6 por ciento del Producto Interior Bruto «(PIB), lo que «resta 70.000 millones de euros a las arcas públicas», ha precisado.

En La Rioja, ha indicado que «esta merma es de un 22 por ciento, lo que supone unos 700 millones de euros menos de recaudación y un gran lastre para la economía de nuestra comunidad, y para la mitad de su población que está en Logroño».

En 2018, ha recordado que la AEAT contará con 2.789 trabajadores menos que en 2009 para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida, ya que España «tiene un déficit de personal cualificado».

En este sentido, la AEAT dispone de un trabajador por cada 1.928 contribuyentes, frente a «países como Francia que cuentan con un inspector antifraude por cada 950 contribuyentes», por lo que ha solicitado «reforzar los medios humanos, competencias y sanciones de los órganos inspectores.

San Martín ha argumentado que en La Rioja se elaboró un plan, con la participación de los distintos agentes económicos y sociales, que «dará algunos frutos pero nunca son suficientes mientras sigan desarrollándose actividades sumergidas que atentan contra el resto de empresas que cumplen con las normas».

Dicho plan pone a disposición de todos los ayuntamientos de un registro de licitadores de la comunidad de La Rioja para que los municipios concedan sus licencias de obra teniendo como garante y fedatario ese registro, ha aclarado.

Sin embargo, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Logroño no utiliza este registro, por lo que ha propuesto «que se incluya en los pliegos de contratación como requisitos a las empresas licitadoras la presentación del certificado de inscripción en el ROLECE».

También ha planteado que estas empresas presenten «una declaración responsable, para sustituir los requisitos susceptibles de duplicidad y eliminar de esta forma las trabas administrativas».

Por último, ha lamentado que «empresas que en La Rioja facturan 4 o 5 millones de euros, cada vez que licitan con las instituciones necesitan tener a tres administrativos para elaborar toda la documentación que necesitan, lo que supone una traba administrativa y un golpe bajo para la competitividad de las empresas».