«Hay personas con discapacidad intelectual que precisan de un apoyo»

La Fundación 'la Caixa' respalda, a través de las Convocatorias de Proyectos Sociales, el programa que desarrolla Futurioja para velar por la protección de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo en la comunidad, con medidas de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica y que no tuvieran en su entorno una familia o a una persona que pudieran acompañarles en su proceso de vida.

Sobre todo porque, como explica la trabajadora social y coordinadora de la citada fundación, Pilar Molina, «hay personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo que, por sus necesidades cognitivas, precisan de la asistencia de un apoyo (persona física o entidad jurídica) que les dote de las medidas necesarias para que puedan llevar a cabo su proyecto vital, su protección y bienestar personal».

En muchos casos, apunta Molina, «no existe familia y, en otros, esta no puede o no es idónea para asumir la responsabilidad de prestar los apoyos necesarios, por lo que Futurioja asume esa responsabilidad y, en esta línea, atendemos a aquellas personas que nos ha propuesto la autoridad judicial». A todas ellas se les ofrece «una atención personalizada, inmediata y de calidad, que proporciona los apoyos emocionales y materiales necesarios, atendiendo las situaciones de urgencia de manera individualizada, lo que contribuye a mantener la estabilidad de las personas a las que se les presta este apoyo», detalla la coordinadora.

Este proyecto también ofrece información y asesoramiento a las familias y sus redes de apoyo, «sobre todo en las medidas de garantía jurídica y social que pueden utilizarse para la adopción de medidas de protección jurídica, presentes o futuras, de personas con discapacidad o del desarrollo». Todo ello, con la finalidad de que las familias «puedan adoptar mejores decisiones en función de las necesidades y deseos» de su ser querido. Además, gracias al Servicio de Asesoramiento, «se atenúa el nivel de ansiedad que muchos familiares sienten ante la inseguridad por el futuro de la persona con discapacidad intelectual, eliminando prejuicios y creencias erróneas que, en ocasiones, operan en torno a esta medida de protección y que pueden dar lugar a situaciones de desprotección o de sobreprotección».

La iniciativa, que se impulsa con una dotación de 18.260 euros, se dirige a las personas que padecen esta discapacidad, a mayores de edad sometidos a declaraciones de provisión de sistemas de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica que carezcan de familiares o allegados idóneos. También pueden beneficiarse quienes necesiten información sobre las medidas de protección legal, lo que les puede ayudar a mejorar su autonomía personal y a protegerse de situaciones de abusos, y sus familiares.

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