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Era junio de 2019 y José León atravesaba un mal momento económicamente. Residente en Villamediana y después de estar empleado durante 26 años en una céntrica librería de Logroño, de la noche a la mañana se vio sin trabajo y con una prestación de ... 450 euros para tirar en el día a día. Su madre acababa de fallecer y todo se conjuró para que a los 62 años se viera apurado para abonar un pequeño gasto pendiente. Descartada en sus circunstancias la opción de solicitar un crédito al banco, encontró en una de las tantas empresas que ofrecen préstamos rápidos la solución a su aprieto. O eso creyó entonces. «Vi un anuncio y no me lo pensé mucho», resume. «Todo parecía en principio facilidades y la cantidad no era exagerada –800 euros sumando el dinero que precisaba y la comisión de la entidad–, con una cuota que se quedaba en 105 euros mensuales».
El hijo de un compañero le hizo el favor de cerrar la gestión telemáticamente enviando la documentación requerida. Rápido, simple, sin problemas. Cada mes iba ingresando lo acordado con puntualidad. «El problema vino cuando transcurría el tiempo y me di cuenta de que me seguían pasando el cobro, aquello no se acababa nunca», recuerda igual que rememora cómo sus continuas llamadas a la compañía para conocer cuánto quedaba para saldar la deuda caían en saco roto. «No contestaban; te daban largas o te pasaban de un operador a otro... Todo muy confuso».
Sí se pusieron en contacto con él cuando no lo esperaba. Fue en febrero del año pasado. El retraso en unos días del pago correspondiente a aquel mes se tradujo en un recargo de 34,83 euros y un sinfín de llamadas de reclamación. «Cuarenta pude llegar a recibir en la misma jornada», calcula. «Empezaban a las 9 de la mañana y se repetían a lo largo del día; a veces a través de algún 900, otras desde diferentes comunidades...». Incluso el allegado que casi dos años atrás le había echado una mano para formalizar el papeleo por internet empezó a recibir los mismos 'toques'. «Un acoso en toda regla», juzga José que, echando cuentas, comprobó que los intereses por los 800 euros que le concedieron rondaban el 400%.
La coyuntura había llegado al límite. «Aquello era un abuso, pura usura», reflexiona. Movido más por el afán de rebelarse contra lo que estaba pasando que por enfrentar los pagos que aún debían prolongarse varios meses más, encontró una posible salida en las redes sociales y el anuncio de un gabinete jurídico en Madrid especializado en litigar contra la compañía que le tenía 'atado'. «Me di cuenta de que había mucha más gente que había sufrido lo mismo y estos abogados llevaban con éxito a muchos de los afectados», cuenta.
Al principio receló. La experiencia padecida le tenía en guardia, pero a mediados de mayo dio el paso tranquilizado por la garantía de que solo si ganaban el pleito debería abonar al bufete una parte de la cantidad reclamada. Les remitió los extractos, las condiciones pactadas. Iniciaron el proceso legal. En apenas una semana recibió la noticia de que todo había concluido a su favor y un ingreso de 2.450 euros en su cuenta. O lo que es igual: casi todo el montante que había abonado hasta entonces y del cual restó 500 euros como retribución al gabinete por sus servicios.
José se muestra tan liberado como escarmentado. «Sí, debería haber sido más prudente, e informarme a fondo», concede. «Pero cuando estás apurado no piensas con calma y este tipo de compañías te lo ponen todo muy bonito hasta que, sin darte cuenta, te ves pagando una barbaridad interminable», continúa con un deseo final: que nadie pase lo que él ha pasado.
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