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Avanzar hacia la jornada de 32 horas semanales es un objetivo «prioritario» para UGT, que la semana pasada hacia esa propuesta para el sector de los funcionarios en La Rioja. «Pero hay que ampliarlo al sector privado. Es algo que se está debatiendo en ... la Unión Europea y que formaciones políticas como el grupo socialista lo están tratando en el Parlamento», aseguró este lunes en el secretario general confederal del sindicato, Pepe Álvarez, en su visita a Logroño. El líder nacional de esta central cree que «en un momento en el que sube la productividad y donde es necesario menos gente para producir más, eso hay que compensarlo con la reducción del tiempo de trabajo. Para así poder trabajar todos».
A su juicio, ese recorte de jornada «no tiene que afectar a la atención al ciudadano» y recordó que «con la digitalización se está ahorrando mucho tiempo. Y también estamos en un momento de crecimiento de empleo» por lo que mediante ofertas públicas (OPE) o de contratación de personal «se puede cubrir» ese déficit. La iniciativa de las 32 horas ha provocado, de momento, la salida del alcalde de Nájera que se va a dar de baja en el sindicato. «Que lo haga por una propuesta de UGT es algo peculiar por no decir estrambótico», valoró Álvarez.
Si la reducción de la semana laboral es prioritaria para su organización, el mismo calificativo se puede aplicar a la subida salarial. Aunque para ello es «imprescindible» recuperar la negociación colectiva, ahora bloqueada, y por ello reclamó a la patronal CEOE que vuelva a sentarse a la mesa y exigió a los empresarios aumentos en los sueldos para compensar «la inflación que está en un 9% y las subidas de precios que en los alimentos rozan el 14%».
En este sentido, la central que lidera ha puesto en marcha la campaña 'Salario o conflicto' y el próximo 3 de noviembre ha convocado una «gran manifestación» en Madrid para reclamara esos incrementos. Pepe Álvarez augura un otoño «caliente» donde habrá incrementos y también movilizaciones. Pero descartó una huelga general porque «no es posible en España con los condicionantes que existen porque hay sectores y empresas donde se va a llegar a buenos acuerdos para los trabajadores –puso el ejemplo del convenio de la seguridad privada, con una subida del 6% para 2023 y del 16% en el plazo de cuatro años– y no tiene sentido movilizarse porque no es una huelga contra el Gobierno. Pero en otros ámbitos saldremos a la calle hasta las últimas consecuencias».
SOBRE EL REGIDOR DE NÁJERA
SOBRE LAS MOVILIZACIONES
SOBRE LOS PRESUPUESTOS
El dirigente sindical, por otra parte, aplaudió el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno central porque «están pensados para intentar paliar el impacto social de la crisis y la subida de precios». Y coincide con el planteamiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez de incrementar la carga fiscal sobre las «familias, las personas y las empresas que más tienen, para que repartan y quien no tiene nada pase a tener algo. Nos parece positivo el aumento de impuestos a las rentas más altas y que se alivie a quien menos ingresos tiene con una subida del tope mínimo de cotización hasta los más de 15.000 euros y una rebaja del IRPF para los trabajadores con ingresos inferiores a 21.000».
Sin embargo, Álvarez también cree que este proyecto de Presupuestos tiene margen de mejora y espera que durante el trámite parlamentario «se puedan incluir otros aspectos como la subida del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) que ha perdido más de un 14% desde su puesta en marcha y debe subir al menos el IPC».
También defiende un incremento alineado a ese índice económico para las pensiones y por ello mostró su «total desacuerdo» con las advertencias del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. «La verdad es que no sé si cuando el gobernador no está de acuerdo en que la subida no sea lineal lo que propone es que se gaste lo mismo pero que se reparta de otra manera. Me temo que no. Creo que lo que propone es que haya una parte de pensiones que crezcan menos que el IPC», denunció. Y trasladó una pregunta a Hernández de Cos para concluir: ¿Por qué no quiere que los pensionistas que cobren entre 2.200 y 2.300 euros –que sería la cuantía máxima– no se les revalorice la pensión pero no ha hecho ninguna sugerencia a que los grandes banqueros del país que cobran millones de euros anuales no se les congele el salario?».
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