«¿Qué pasa cuando el inquilino es el okupa?»

De aquel trance pocas personas salen indemnes. Isabel no es una excepción. Arrastra una enorme carga emocional de rabia y de decepción porque prácticamente no encontró apoyo ni en nada ni en nadie. Una sensación de desamparo ante la Administración que le empujó a poner todo su empeño en dar la vuelta a estas situaciones como a un guante. Para la suya es demasiado tarde, pero, dice, que hay muchas personas que ahora se encuentran en esa especie de tunel en el que cuesta mucho vislumbrar el fin.

Aplaude la reforma legal que hoy entra en marcha, pero no ofrece la solución al que es, para ella, el verdadero problema: la 'inquiokupación'. «Se las arreglan para hacer un contrato, como fue mi caso, que encima sólo pagó media fianza y un mes porque van dando pena con el cuento de la lástima y luego ni pagan ni se van».

Diez meses después, en agosto de 2022, acompañada por una comisión judicial, la policía, su abogado, la procuradora y el cerrajero, Isabel recuperó su casa. El okupa se había ido unos días antes, pero se fue de rositas, sin tener que hacer frente a ninguno de los destrozos que había hecho en el inmueble.

«El problema que tenemos –explica con rabia– es que hoy en día nada es delito, no hay castigo, destrozarme la casa como me la destrozó no es delito, son delitos leves, entonces pueden hacer lo que quieran». Nadie le compensó por los destrozos, todo corrió a su cargo.

Ahora, dos años largos más después, pertenece a la Asociación de Propiertarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (Aprovij), que está integradas por personas de diferentes regiones de España para, básicamente, «hacer algo porque si esperamos a que lo haga el gobierno, no sólo no hacen nada, sino que lo están fomentando».

Entre otras cuestiones reclaman que se derogue el Real Decreto 11/2020 que se aprobó en plena pandemia y con el loable objetivo de proteger a las personas más vulnerables en una situación de emergencia. «Pero la pandemia pasó hace mucho y nosotros seguimos con el real decreto». «Si son vulnerables no los puedes echar de tu cadsa y vulnerables a día de hoy hay muchas personas, si cobras menos de 1.800 euros ya eres vulnerable, si tienes un hijo o menores a tu cargo eres vulnerable, si eres mayor de 65, también, hoy en día vulnerable es todo el mundo».

Además, no es un problema que afecta en exclusiva al propietario de la vivienda, también a la comunidad de vecinos porque en muchas ocasiones ese inquiokupa se dedica al trapicheo y «eso no agrada a nadie». También hace «mucho daño» al mercado del alquiler porque los dueños de los pisos no quieren ponerlos en el mercado por la inseguridad jurídica que hay y eso a su vez provoca que los precios estén como están «desorbitados». Al final, «el inquilino que es honrado también es el que está pagando el pato».