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La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha visitado este martes en Logroño algunos de los inmuebles del parque público de vivienda en alquiler social de la región, que suma, a través de cesiones del Ayuntamiento de Logroño y SAREB, principalmente, y de ... viviendas del stock de IRVI en el medio rural, un total de 113 viviendas, aunque con las últimas cesiones la bolsa de alquiler incorporará próximamente un total de 178 inmuebles. Los pisos, con un alquiler máximo de 300 euros al mes, se encuentran en Logroño (muchas de ellas en desarrollos urbanísticos nuevos), Villamediana, Lardero, Navarrete, Varea, Corera, Nalda, Alfaro, Tudelilla, Agoncillo, Briones, Ollauri y Haro.
Para acceder a las viviendas del parque público en alquiler social es preciso que la unidad familiar cumpla los requisitos de estar inscrita en el registro de demandantes de vivienda social creado y gestionado por el IRVI; tener unos ingresos máximos de la unidad familiar no superiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM); ofrecer unos ingresos de la unidad familiar mínimos, y no disponer de una vivienda en propiedad o en régimen de usufructo que la unidad familiar pueda ocupar.
La tipología de vivienda, según ha puesto de manifiesto el gerente del Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI), Javier Caldito, en declaraciones a la prensa atiende principalmente al nuevo modelo de familia, «mucho más pequeñas, unidades con uno ó dos miembros o con un hijo o dos como mucho y, sobre todo, familias monoparentales con algún menor».
Andreu ha avanzado que el Gobierno riojano incrementará un 75% el Presupuesto destinado a la Dirección General de Vivienda para seguir impulsando este parque público. «Será una partida excepcional de 17,21 millones, lo que evidencia el papel esencial que cobra la vivienda en la reactivación económica y en la consideración, hoy más que nunca, del acceso a la vivienda como un derecho básico universal cuya protección merece el mayor de nuestros esfuerzos». Ha destacado que para el Ejecutivo regional es «una prioridad» ofrecer el derecho a «una vivienda digna, adecuada y asequible a todas las personas con especial vulnerabilidad que en algún momento de su vida no tienen acceso a una vivienda».
Andreu ha destacado que «la vivienda es política clave en la política social de este Gobierno progresista volcado en reducir las desigualdades y en cohesionar nuestra sociedad y nuestro territorio» y la creación del parque público de vivienda en alquiler social es un cumplimiento de uno de los compromisos del Pacto de Gobierno de fuerzas progresistas. También ha subrayado que se partía cero: «En La Rioja «no había una política de vivienda social, no existía un parque público en alquiler social de carácter regional, organizado y ordenado, que pudiera cumplir un doble objetivo: poder hacer frente a situaciones de especial vulnerabilidad y, por otro lado, a los desafíos de Reto Demográfico, que en La Rioja se ponen de manifiesto con la inexistencia de un parque público de vivienda a precio asequible en el entorno rural».
Andreu ha estado acompañada por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, Eva Hita –consejería que ejerce las competencias en vivienda–; la directora general de Política Territorial, Urbanismo y Vivienda, Beatriz Arraiz, y el gerente del Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI), Javier Caldito.
Para acceder a las viviendas del parque público de vivienda en alquiler social es preciso que la unidad familiar cumpla los requisitos de estar inscrita en el registro de demandantes de vivienda social creado y gestionado por el IRVI; tener unos ingresos máximos de la unidad familiar no superiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM); ofrecer unos ingresos de la unidad familiar mínimos, y no disponer de una vivienda en propiedad o en régimen de usufructo que la unidad familiar pueda ocupar.
Los criterios de valoración que se priorizan son ser familia monoparental con hijos menores a cargo; edad de los solicitantes, primando el rango de edad entre 18 y 35 años para favorecer a los jóvenes; demanda de vivienda en municipio con población inferior a 5.000 habitantes; personas con discapacidad o dependencia en la unidad familiar y colectivos especiales como víctimas de violencia de género; de ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual; afectadas por un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria; desahucio de vivienda habitual, así como personas objeto de desahucio de alquiler; personas con especial vulnerabilidad, y personas sin hogar .
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