El paro de los letrados de Justicia pone en peligro el pago de decenas de pensiones de alimentos

Estos efectos tienen que ver con otra de las misiones encomendadas en exclusiva a este cuerpo de funcionarios que dependen del departamento que dirige Pilar Llop. Son los que gestionan todas las cuentas de depósitos y consignaciones de los juzgados de La Rioja en las que a día de hoy hay 14.083.103,39 de euros. Cantidad que en unos días se verá incrementada con las retenciones de sueldos, embargos y demás que se ingresan a primeros de mes. «Todas las personas pueden ingresar, pero las únicas habilitadas para expedir los mandamientos de pagos somos nosotros», explica Judit González, delegada en esta comunidad de la Unión Progresista de los Letrados de la Administración de Justicia (UPJS), una de las tres organizaciones convocantes del paro en toda España.

Esto implica que, en la práctica, no se mueve un euro sin la firma de un letrado judicial. La próxima semana, como cada primeros de mes, hay transferencias de pensiones de alimentos, de embargos de sueldos para pagar a las familias, de indemnizaciones y de multas para abonar al Tesoro Público. Transferencias todas ellas que, salvo las incluidas en servicios mínimos, se dejarán de hacer «puesto que ningún otro funcionario tiene autorización para realizarlas excepto nosotros», insiste.

En el día a día la consecuencia más llamativa y la que más directamente afecta por el momento al ciudadano es la suspensión de en torno a 80 juicios diarios. Ayer mismo, se aplazó sine die la vista oral prevista contra un abogado para el que el fiscal pide una pena de seis años de cárcel por los presuntos delitos de apropiación indebida y otro de deslealtad al «defraudar» la confianza profesional de una empresa y cobrar comisiones indebidas con intención ilícita de 2012 a 2015.

La huelga de los antiguos secretarios judiciales también tiene efectos directos en otros colectivos profesionales. En el caso de los abogados, según explica Federico Burgos, decano del Colegio Oficial de Abogados de La Rioja, el primer efecto tiene que ver con la propia denominación de los profesionales que secundan el paro. Ante la confusión que ha generado entre algunos ciudadanos, aclara que quienes están en huelga son los letrados de la Administración de Justicia y no los letrados a secas. «Los abogados no estamos en huelga», apostilla.

Fuera de la actividad judicial «la situación es exactamente la misma, de plena normalidad; los plazos siguen corriendo, hay que presentar demandas...», pero cuando llegan a los juzgados y como su tramitación depende de los letrados de Justicia «intuimos, porque no se puede saber ahora, que todas las demandas y los escritos que se presentan se quedan ahí sin tramitar». Así permanecerán hasta que se recupere la normalidad y «si ya de por sí un problema endémico en la administración de Justicia es el retraso, esta situación lo va a agravar».

El aplazamiento de juicios es la principal afectación para los abogados riojanos porque «aunque hay unos servicios mínimos llegan hasta donde llegan». Las vistas, asegura, se suspenden en el día. «Los ciudadanos, testigos y peritos se desplazan a las sedes judiciales y luego, estando allí, se suspenden», detalla Burgos.

Es por ello que como decano de los abogados de La Rioja entiende que, «con el máximo respeto al derecho de huelga», puntualiza, sería deseable que las suspensiones se notificasen con anterioridad en aquellos procedimientos judiciales que se sabe de antemano que no se van a celebrar y en los que también es sabido que van a intervenir peritos y testigos de parte que en ocasiones se desplazan desde otros puntos del país.