A mí me sale otro resultado

El Parlamento se dirige, por lo tanto, con paso militar y sin distracciones democráticas, hacia la aprobación de los Presupuestos en una sesión que previsiblemente tendrá lugar entre Nochebuena y Nochevieja, con la comunidad autónoma adornada de luces, abetos y belenes. Las fechas son oportunas porque así la ley podrá entrar en vigor al alba del día 1 de enero, con la fresca, que es una bonita manera de empezar el año con buenos propósitos y muda limpia. Pero además, y no solo por la escenografía callejera, todos los Presupuestos tienen algo de cuento de Navidad, sobre todo por la parte de los ingresos, porque cualquier familia sabe que gastar es un ejercicio creativo y agradable mientras que conseguir dinero se convierte en una puñetería a veces imposible. El Gobierno, no obstante, jura y perjura que sus cálculos están bien hechos y que hasta la celebérrima Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) dice que plantea «un escenario de ingresos prudente».

A la oposición les salen, sin embargo, otras cuentas. Es normal: lo raro sería que aplaudieran a Capellán, le dieran un sobresaliente en Matemáticas y lo sacaran a hombros del Parlamento. Como el idioma castellano tiene un límite y el saco de las palabras se agota pronto, todos los gobiernos, del signo que sea, dicen que sus presupuestos son expansivos y sociales y todas las oposiciones, da igual por que lado caminen, los critican por irreales y destructivos. Sin embargo, bajo la hojarasca de las expresiones anodinas, hay en estos Presupuestos de La Rioja una visible confrontación de modelos: el PP quiere ir hacia un sistema con menores cargas impositivas para propulsar la economía y la oposición de izquierdas sospecha que esa relajación tributaria favorecerá a los más ricos e irá en detrimento de los servicios públicos. Es, al menos, una dialéctica coherente, familiar. ¡Con el susto que nos dio Zapatero cuando dijo que bajar los impuestos era de izquierdas y se quedó tan pichi!

Una vez fueron rechazadas las enmiendas a la totalidad de PSOE y Podemos-IU, todos los grupos políticos se han puesto a trabajar sobre el texto para proponer correcciones parciales, mucho más modestas: partidas que querrían aumentar o suprimir, dinero que va a un lado y debería ir a otro. Los dos partidos de izquierda presentaron ayer las suyas y Vox lo hace hoy.

Los datos acumulados dan sensación de galerna. El PSOE, según explicó su diputado José Ángel Lacalzada, ha presentado 359 enmiendas a la Ley de Presupuestos y 12 a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. En total, suponen un movimiento de 136 millones de euros. «Pretendemos reforzar lo público y que regrese el apoyo a empresas, pymes y autónomos», explicó Lacalzada. Más en concreto, pidió «apostar por la industrialización, aumentar la partida para I+D+I» y dedicar 34 millones de euros a comprar suelo industrial en Calahorra y Alfaro.

En el caso de Podemos-IU, el número de enmiendas asciende a 167, con un impacto cercano a los 140 millones de euros. Según expuso su portavoz, Henar Moreno, importan tanto las altas, destinadas «a reforzar los servicios públicos», como las bajas: «Vamos a retirar partidas que están efectuadas para privilegiar especialmente a Viamed, con esas privatizaciones que ya se han acordado y que entrarán en vigor el próximo 1 de enero, que lejos de reducir listas de espera lo que van a hacer es empeorar la atención sanitaria».

Pese a tan gruesas palabras y al encendido debate que sin duda provocarán, el destino de casi todas estas enmiendas resulta previsible. Las mayorías absolutas dejan poco margen a la sorpresa y ahora solo vale la calculadora del PP.