«Gracias a la presión política del Partido Popular y a la movilización de gran parte de la sociedad civil riojana hemos conseguido que el Parlamento de La Rioja no defienda ante el Tribunal Constitucional esa chapuza legal que es la Ley de Protección Animal ... ». Satisfecho por «la buena noticia», el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha desvelado que la Mesa de la Cámara decidió en su reunión del pasado 24 de abril no presentar alegaciones en el proceso abierto tras la presentación ante el Tribunal Constitucional del recurso de inconstitucionalidad contra la norma riojana por parte de medio centenar de senadores populares, una vía que también tomó el Ejecutivo regional de José Ignacio Ceniceros.
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«Estamos más cerca de que se derogue esta ley, esta chapuza legal», se ha felicitado Garrido, quien ha avanzado que el deseo de los populares es impulsar una nueva ley que «nazca del consenso, que distinga entre los animales domésticos y los que no lo son y, además, que no acarree unas cargas económicas excesivas ni a las administraciones, sobre todo los ayuntamientos, ni tampoco a los ciudadanos».
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular no ha escatimado críticas a los impulsores políticos de esta norma y ha acusado al «tripartito de la oposición formado por PSOE, Podemos y Ciudadanos de aprobar esta ley animalista a sabiendas de que es inconstitucional», como, a su juicio, demostraron los informes negativos emitidos por los servicios jurídicos del Parlamento de La Rioja y el que emitió el propio Gobierno de España de Pedro Sánchez en el que se ponía la duda sobre la constitucionalidad de al menos doce artículos.
Aunque ha criticado a los tres partidos de la oposición parlamentaria de «convertir a La Rioja en el hazmerreír del resto de España», el dirigente popular ha cargado especialmente las tintas en la actuación de los socialistas, tanto a nivel nacional, al criticar su irresponsabilidad por permitir que esté en vigor una ley a sabiendas de que es inconstitucional, lo que se habría evitado con un recurso desde el Gobierno central», como del PSOE riojano del que ha censurado «el colmo de la desfachatez del tándem Ocón-Andreu porque, además de aprobar leyes inconstitucionales se atreven luego a dar lecciones de lo que puede o no puede hacer el Gobierno de La Rioja en términos de cumplimiento de nuestra Carta Magna». «Hacen la política de la soberbia y no son de fiar porque no podemos confiar en las formaciones políticas que nos han metido en este lío», ha denunciado.
Frente a una oposición de PSOE, Podemos y Ciudadanos sobre la que ha asegurado que «los riojanos se merecen que den la cara cuando se equivoquen y no se merecen que les creen estos problemones», Garrido ha alabado la actuación de su partido y de la movilización de gran parte de la sociedad civil representada en la plataforma que aglutinaba a veterinarios, agricultores, criadores de animales, cazadores, ganaderos, feriantes y protaurinos, entre otros, que entregaron 24.000 firmas en la Cámara regional. «Estamos más cerca de que se derogue esta chapuza legal gracias a la presión política del Partido Popular y a la movilización social de muchos riojanos», ha remachado el dirigente popular.
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