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El caso Raquel Romero da una nueva vuelta de tuerca, aunque por ahora solo en el terreno discursivo. El Parlamento de La Rioja, reunido en sesión plenaria, ha reprobado formalmente la actuación de la consejera de Igualdad «por su falta de compromiso con la ejemplaridad ... y la ética pública». La proposición, presentada por Ciudadanos, contó con el voto favorable del PP y de Izquierda Unida, partidos que, con diferentes adjetivos, mostraron su repulsa por la actuación de Romero. Solamente el Grupo Socialista brindó su apoyo a la consejera protagonista.
No salió adelante, sin embargo, la segunda parte de la proposición, que pedía reclamar a la presidenta Andreu la destitución inmediata de Raquel Romero por mantener «una conducta personal y profesional incompatible con el ejercicio de su cargo público». En este caso, la iniciativa fracasó porque a los votos del PSOE se unió el decisivo sufragio de Henar Moreno (IU), que defendió la necesidad de otorgar estabilidad a un Ejecutivo que está llevando a cabo «un programa beneficioso para la ciudadanía».
La consejera de Igualdad fue expulsada de Podemos, el partido por el que se presentó a las elecciones, por incumplir el código ético de la formación morada, que le reclamaba la entrega al partido de una parte de su sueldo público. Según el tenor literal del Pacto Antitransfuguismo, eso la convierte en una tránsfuga, algo que su antiguo partido reconoció. Más aún, la Mesa del Parlamento resolvió hace una semana expulsarla del Grupo Mixto y quitarle los asesores a los que tenía derecho. Romero quedó entonces como diputada no adscrita. Nada de esto, sin embargo, ha afectado a su presencia en el Gobierno de La Rioja. Tanto la presidenta Andreu como el consejero portavoz, Álex Dorado, aseguraron desde el primer momento que la estabilidad del Ejecutivo «estaba asegurada».
Las posiciones de todos los partidos estaban claras antes de comenzar el debate, así que el éxito o fracaso de la iniciativa dependía de la postura que fuera a adoptar Izquierda Unida. Su portavoz, Henar Moreno, decidió apoyar la reprobación, pero no quiso reclamar su salida del Gobierno. Situada en un difícil equilibrio, Moreno repudió la forma de actuar de Romero «porque es necesario dignificar la política y hay que garantizar el respeto a las listas de los partidos que han sido votados por los ciudadanos», pero no consideró que este baldón ético sea suficiente para reclamar su cese en el Ejecutivo. La dirigente de IU esgrimió el «principio de separación de poderes» para defender la estabilidad del Gobierno y su programa. «Lo demás son fuegos artificiales», señaló. La diputada popular Begoña Martínez Arregui le reprochó haberse contagiado «del cinismo del ambiente»: «Raquel Romero no le parece digna para formar parte del grupo parlamentario mixto, pero sí que le parece digna para seguir formando parte del Gobierno de La Rioja».
Tanto Ciudadanos como el Partido Popular esgrimieron el propio código ético del Gobierno, aprobado hace apenas tres meses, para denunciar su flagrante incumplimiento en este caso. El portavoz de la formación naranja, Pablo Baena, reclamó el voto a favor de todos aquellos diputados que han manifestado su enojo «tanto en público como en privado». «La propia Romero es miembro del Gobierno porque mantiene un escaño al que está atornillada y ese es el pago», remachó.
La reprobación de Romero no tiene efectos prácticos, pero añade otro ladrillo al muro de descrédito que se ha ido levantando sobre la gestión y la actuación pública de la consejera de Igualdad, Participación y Agencia 2030.
Antes de que se produjese el debate sobre la reprobación de Raquel Romero, hubo una pregunta sobre este mismo asunto dirigida directamente a la presidenta. Andreu insistió en que Romero era una diputada autonómica electa, así que reclamó «respeto por las instituciones» y puntualizó que la consejera no había cambiado el sentido de su voto. «Mi gobierno es decente, ejemplar y está trabajando de manera incansable para cumplir los acuerdos de gobierno y lo vamos a seguir haciendo», declaró. Para la jefa del Ejecutivo autonómico, la polémica sobre el transfuguismo de Romero es únicamente «una moto ruidosa» que la oposición, en este caso Ciudadanos, quiere vender.
El Gobierno de La Rioja no solo tuvo que responder preguntas incómodas sobre la consejera Romero; también debió afrontar la contratación a dedo y sin publicidad de dos dirigentes del PSOE y uno del PR+ en la sociedad pública 'La Rioja 360'. El caso, destapado por este periódico cuando se les hizo fijos, derivó en el despido fulminante de los tres trabajadores «por ejemplaridad». La diputada de Ciudadanos Belinda León reclamó la destitución del gerente de la sociedad pública, Jorge Fraile, por firmar esas contrataciones. «Lo ejemplar hubiera sido no contratar a dedo a los exdirigentes del PSOE, en lugar de despedirlos de manera improcedente cuando la prensa destapa el tejemaneje», denunció. El presidente de la sociedad, el consejero de Hacienda, Celso González, rechazó cualquier posible destitución y defendió que el Gobierno actuó siempre de acuerdo con «la legalidad y la ejemplaridad», al tiempo que destacó la «valía y conocimientos» del alcalde de Badarán y la exalcaldesa de Fuenmayor.
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