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La Mesa del Parlamento de La Rioja aprobó en su reunión de ayer el presupuesto de la Cámara para el próximo ejercicio, que pasará de los 5.271.412 euros previstos a 7.007.412. O lo que es igual: 1,7 millones más con ... un incremento así del 33%. De los cinco miembros del máximo órgano del hemiciclo, votaron a favor el único representante de Cs y los dos del PSOE, mientras que los otros dos del PP se decantaron por la abstención.
El acuerdo, tratado durante las últimas semanas por el conjunto de los partidos, incluido Podemos, distribuye el aumento de las Cuentas en varias partidas para la mejora del funcionamiento y recursos -incorporación de un letrado más, contratación de un equipo de asistencia jurídica para cada grupo, un servicio de digitalización de documentación...- aunque el grueso se consigna a lo que la oposición (el PP declinó hacer ninguna valoración) coincidió en definir como «el inicio de la profesionalización de los diputados» para optimizar su operatividad y situarse en el mismo rango que otras asambleas autonómicas. En otras palabras: en torno a 1,5 millones de euros para asignar a medio plazo a sus señorías una nómina por su labor parlamentaria.
La previsión es que la generalización del pago de sueldos con cargo al presupuesto de la Cámara y del que ahora sólo disfruta su presidenta, Ana Lourdes González, no se concrete hasta el 2019. «Es un dinero ficticio que sólo deja la puerta abierta a que pueda materializarse la próxima legislatura siendo exigentes con las incompatibilidades», matiza Diego Ubis desde Cs, que siempre ha abogado por esta vía y expresado su malestar por el hecho de que, en plena negociación con el PP, Ceniceros presentara a la Cámara el borrador de las Cuentas de La Rioja para el 2018 sin haber consensuado antes las del Parlamento. «No tiene nada que ver lo uno con lo otro para alcanzar un posible acuerdo», garantizó horas después de afear la capacidad de diálogo de los populares.
El cálculo se ha pergeñado en comparación a la Cámara más austera en este sentido (Cantabria) a partir de lo cual el letrado fijó un coste próximo a los 48.000 euros por diputado (33). El PSOE, que hasta ahora había mantenido una posición tibia sobre la controvertida profesionalización, apoyó ayer la medida contextualizando también el incremento del 33%. «No es una cantidad real, porque todavía falta fijar cuál será la retribución que, en todo caso, no se materializará aún», declaró Ricardo Velasco, quien como miembro de la Mesa recalca que el PSOE «se ha limitado a apoyar el sentir mayoritario» con la idea de compensar el alza en este apartado con la rebaja de las asignaciones a los grupos u otras partidas.
Por Podemos, Ana Carmen Sainz opinó que la profesionalización debe concretarse «ya», acusando a Cs y PSOE de «especular» con la medida demorándola al 2019. «No es un dinero excesivo en relación con otros Parlamentos y en vista de la precariedad con que trabajamos», afirma.
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