El Parlamento convierte en fijos a 5 interinos y reabre el debate sobre la temporalidad

Al menos, así lo entiende Jorge Azón, portavoz de la Plataforma de Interinos de La Rioja (PIR), que mañana se concentrará ante la sede del Parlamento, institución a la que aplauden por su medida, para reclamar al Gobierno regional que paralice las ofertas de plazas que hayan excedido los plazos recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y en cumplimiento de los dictámenes comunitarios, sentencias europeas y nacionales e informes del Constitucional.

En todo caso, el presidente del Legislativo riojano se desmarca de la postura del PIR y sostiene que la consolidación laboral de los cinco interinos es una medida adoptada en ejecución del Estatuto del Personal del Parlamento, que «reconoce que aquellos trabajadores que lleven más de cinco años prestando servicios en la Cámara pasen a ser considerados personal fijo».

García también rechaza las críticas de CCOO de La Rioja, sindicato que ha denunciado que el Parlamento ha estabilizado a estas personas «sin pruebas selectivas». «No es cierto. Todas las personas que trabajan en el Parlamento han pasado por un proceso de selección para entrar y han acreditado méritos», zanja.

Ahora bien, a pesar de las expectativas que esta decisión ha generado en la PIR, el jefe del Legislativo precisa que el personal de la Cámara «no está afecto a ningún tipo de Estatuto de Personal de otras administraciones». «Esta es una institución independiente y tiene sus propios trabajadores, que regula a través de estatutos que tiene que aprobar el Parlamento, y que es lo que ocurrió en la última sesión: el Pleno, que es el que tiene la legitimidad para ello, lo aprobó».

Y lo hizo con el voto favorable de PSOE, Podemos e IU; la abstención de Cs y el voto en contra del PP. El portavoz parlamentario de los populares, Jesús Ángel Garrido, tras considerar que la solución a los interinos tiene que venir de «una modificación nacional del Estatuto Básico de la Función Pública que sea unánime para todas las autonomías», justifica la postura de su grupo (en la Mesa de portavoces votó favorablemente) en que «consideramos razonable y necesario que, además del informe jurídico del letrado del Parlamento sobre la legalidad y constitucionalidad de la decisión, se contase con otro externo a la institución, el Consejo Consultivo o los servicios Jurídicos del Gobierno regional, dada la transcendencia del asunto». A lo que García replica: «El Parlamento cuenta con letrados y asesores, y no necesita ningún informe externo».

Por último, García se niega a detallar los cinco puestos consolidados por tratarse de «datos personales». No obstante, según los datos cotejados por este periódico con la relación de plantillas de 2020 y 2021, y contrastados con el grupo popular son los siguientes: un letrado (Cuerpo de Letrados), una jefa del Área de Sistemas y Archivo de Información (Cuerpo de Administrativos) y tres técnicos de grado Medio: las jefas de Gestión Parlamentaria; Publicaciones; y Asuntos Económicos y Personal.