El Parlamento aprueba la Ley de Memoria Democrática

En apenas hora y media, el Parlamento aprobó este miércoles la Ley de Memoria Democrática de La Rioja, una proposición de ley firmada por Izquierda Unida y apoyada por el PSOE y por la diputada Raquel Romero. Las reticencias llegaron por parte del Partido Popular y de Ciudadanos, que votaron en contra por entender que el texto no amparaba a todas las víctimas y solo protegía a las de un bando. En una intervención combativa, la proponente, Henar Moreno, defendía la necesidad del texto: «Esta ley nos va a meter por la puerta grande de la historia y va a posibilitar, entre otras cosas, que haya formación académica en todos los centros escolares. Por fin se va a reconocer a los héroes de este país. Miren ustedes quiénes son los héroes en Europa: los partisanos italianos, los resistentes franceses... Pese a 40 años de fascismo, hubo gente que pagó con cárceles y con exilio esta democracia que disfrutamos todos. Acabemos de una vez por todas con el olvido».

La intervención más emotiva fue la del socialista Víctor Royo, que apoyo la proposición de ley con la voz casi rota y acabó su discurso entre lágrimas: «Esta ley es obligada para acabar con la asimetría, para que por fin unos dejen de ser los caídos y otros los tumbados, para que podamos alcanzar la concordia en este país. Esta ley trata de rectificar años de olvido. Ningún familiar pide venganza -concluyó-, sino pasar página. Pero no se puede pasar página sin leerla». Royo citó a Walter Benjamin para defender que «recordar es un imperativo legal y ético» y subrayó que en La Rioja no hubo guerra, pero sí muertos y represaliados. «Fueron más de 2.000 los asesinados en los primeros meses y luego se ocultó lo que pasó. Ni flores se les podía llevar cuando se sabían donde estaban enterrados. Los familiares de aquellos asesinados fueron ultrajados, sus hijos señalados y desprestigiados socialmente, sus viudas rapadas».

En contra votó el Partido Popular. Al estrado subió a explicar la posición de su partido el diputado Alfonso Domínguez, que censuró la proposición de ley porque solo ampara «a una parte de la sociedad española que tanto sufrió». Domínguez enfatizó que las primeras excavaciones en cunetas y fosas comunes databan del Gobierno de José María Aznar y elogió la labor en pro de la recuperación de la memoria histórica desarrollada por Begoña Martínez Arregui cuando fue consejera de Presidencia del Gobierno de Ceniceros, pero negó «la imposición de la memoria». «Esta ley no es un instrumento de reparación -abundó-. Es una ley que busca minar ese gran abrazo colectivo que se dio durante la transición española. El debate sobre la memoria no lo trajo Zapatero; es muy antiguo. Ya Azaña advirtió que no había que buscar en el pasado razones de enemistad, y en esta ley no hay otro propósito que ese».

Similares objeciones plantó Ciudadanos, cuya diputada Pilar Rabasa propuso incluir entre las víctimas a todas aquellas personas que sufrieron violencia política durante la II República: «No hemos visto generosidad ni amplitud de miras, ni tampoco una voluntad de permanencia de la ley en el tiempo para cerrar todas las heridas. No ha habido talante negociador por la cerrazón del grupo proponente. Más que una ley de memoria democrática es una ley de exaltación pública de la república como forma de estado. La II República no fue la arcadia feliz que nos están pintando». En su turno, Moreno le replicó que la ley abarcaba los periodos no democráticos, «y por eso no está la II República, que le gustará más o menos, pero fue un sistema democrático», concluyó.

En un debate que en general discurrió sin grandes aspavientos, el momento de mayor combustión se vivió cuando Henar Moreno (IU), impulsora de la proposición no de ley, salió al estrado y definió a los diputados del PP como «los herederos de Franco». Mencionó expresamente el papel jugado por Manuel Fraga, fundador de Alianza Popular y antiguo ministro del dictador, que recibió la democracia a regañadientes y se opuso a la legalización del Partido Comunista. «Ustedes, los herederos de Franco, vienen a contarnos que la democracia fue una concesión graciosa del sistema franquista», les reprochó Moreno. Unos minutos antes, en el mismo atril, el diputado popular Alfonso Domínguez había subrayado que la dictadura franquista «fue efectivamente una dictadura», aunque dio a entender que la ley vulneraba el espíritu de concordia de la Constitución.

La invectiva de Moreno soliviantó a los diputados del PP, que reclamaron el turno de palabra para pedirle a la proponente que retirara esa frase. El diputado Jesús Ángel Garrido replicó que cuatro de los siete padres de la Constitución acabaron militando en el PP: «No somos herederos de nada; ha sido el PP la fuerza que, entre otras, ha traído la democracia en La Rioja».

Moreno no quiso retirar su frase, pero el presidente de la Cámara, Jesús María García, resolvió atender la petición popular: «Es mi prerrogativa y la voy a quitar porque yo no considero que ustedes sean herederos de Franco», señaló. La frase de Henar Moreno, por lo tanto, no pasará a la posteridad.