El Parlamento aprueba la ley de medidas urgentes para el acceso a la vivienda

La Rioja ya tiene una ley de medidas urgentes para el acceso a la vivienda. Tras su aprobación este jueves en el Parlamento, en los próximos días entrará en vigor la rebaja del 5 al 4% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados para los jóvenes (menores de 40 años). Además, se elimina cualquier requisito de renta para acceder a este beneficio fiscal. Del mismo modo, se aceleran algunos trámites burocráticos, al eliminar la exigencia de la cédula de habitabilidad por entender que supone una duplicidad con respecto a las licencias municipales de primera ocupación.

Para el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, esta rebaja podría suponer un ahorro de cerca de 1.500 euros para los jóvenes que se plantean adquirir una vivienda. «Los economistas llevan más de cien años advirtiéndonos que no hay nada más pernicioso para una compra que los costes de transacción -subrayó-. Los impuestos que hoy eliminamos son claramente un coste de transacción que impide la compra de vivienda por cualquier persona».

Son medidas que para la oposición resultan abiertamente insuficientes. «No hay un solo joven que no puede acceder a una vivienda por no poder pagar esos mil euros», advirtió Henar Moreno (IU). Tanto ella como el diputado socialista Sergio Martínez Astola censuraron especialmente la «falta de pogresividad» de la norma: «En la inmensa mayoría de comunidades autónomas se aplican criterios de progresividad, bien en el nivel de renta o según el precio de compra del inmueble, que puede incluso ser un mejor indicador», señaló Astola.

El diputado popular Carlos Cuevas negó que la eliminación del requisito de renta suponga eliminar la progresividad: «El ahorro en impuestos dependerá del precio de la vivienda. Ahí ya hay progresividad». En ese sentido, reclamó tanto a los diputados «de la izquierda transformadora» como a los de «la otra izquierda» que exigiesen al Gobierno de Sánchez que rebajase el IVA para la adquisición de vivienda. «¿Se lo han pedido ya? Háganlo. Eso es progresividad».

La portavoz de IU reclamó al Gobierno centrar sus esfuerzos en el alquiler. «Las cifras del precio del alquiler nos marcan el drama que se está viviendo. Este un texto insuficiente; un plan burdo y ridículo para engañar a la gente», cuestionó Moreno. Antes de la sesión plenaria, un grupo de ciudadanos pertenecientes al llamado Sindicato de la Vivienda se manifestó reclamando la intervención pública para forzar la puesta en alquiler de los pisos vacíos y para que no se pueda desahuciar a los inquilinos «sin una alternativa habitacional». Del mismo modo, al final de la sesión plenaria, dos personas que interrumpieron a gritos («¡Gobierno responsable!») la intervención del consejero de Vivienda, Daniel Osés, fueron desalojadas e identificadas. La presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago, reclamó responsabilidad y recordó que habían sido invitadas por un grupo parlamentario (en probable aunque tácita alusión a IU).

Los socialistas se mostraron, sin embargo, a favor de la eliminación del requisito de la cédula de habitabilidad para mejorar la agilidad administrativa, aunque Martínez Astola advirtió de la necesidad de reforzar la supervisión en los municipios, especialmente en los de menor tamaño. «Los ayuntamientos son capaces de tramitar estos expedientes, pero es posible que requieran apoyo», subrayó.

El consejero Osés cerró la sesión ratificando la apuesta del Gobierno por la vivienda y en especial por la vivienda rural. Además, reclamó a los grupos de izquierda que ayudaran al Ejecutivo riojano a conseguir que la Sareb ceda sus pisos vacíos en La Rioja para destinarlos a alquiler social. «Lo hemos solicitado y no hemos obtenido respuesta», aseguró.

Finalmente, la ley quedó aprobada con los votos del PP y de Vox, aunque su portavoz, Ángel Alda, criticó su tramitación por vía de urgencia. El PSOE se abstuvo e IU votó en contra.

El Parlamento también ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas a la modificación de la Ley de Biodiversidad que quiere sacar adelante el Gobierno de La Rioja. El PSOE reclamó la retirada del texto por ser «innecesario, contrario a la salud, al medio ambiente y al interés general de los riojanos». Finalmente, se impusieron los votos de la mayoría y el proyecto de ley siguió adelante su tramitación.

El diputado socialista Jesús María García se detuvo en la eliminación de la prohibición del herbicida glifosato y en la transformación del registro de especies protegidas en un listado que excluye al lobo. «El glifosato no estaba prohibido para usos agrícolas en la ley, sino para otros ámbitos. Nosotros estimábamos que dentro de las ciudades es mejor no utilizarlo porque hay otras alternativas mejores. Pero ustedes, con ese afán fundamentalista, han querido recuperarlo. Si es tan bueno, échese un trago, señora consejera. Está muy bien pedir las Glosas, pero no hay necesidad de volver al Medievo en todos los departamentos», censuró García.

La enmienda a la totalidad de Podemos-IU caminaba también en esa dirección. Su diputado Carlos Ollero consideraba que la mención de los problemas jurídicos, de redacción o de invasión de competencias son «simples excusas»: «Sus verdaderos motivos -señaló Ollero- son favorecer los intereses de la agroindustria, un urbanismo poco sostenible o una ganadería intensiva que va en consonancia con la ola ultra que va contra la conservación de los espacios naturales».

La mayoría popular rechazó ambas objeciones. El diputado Diego Bengoa señaló que la enmienda de IU era «la de la ideología frente a la gestión eficiente» y la del PSOE suponía un ejerecicio de «alarmismo». «Lo que se elimina es una protección rígida que dificultaba la actividad económica sin añadir nuevas medidas de protección. Y en cuanto al glifosato -detalló Bengoa- los estudios científicos no justifican su prohibición».

La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, que presentó la modificación de la ley socialista, aseguró que el propóstio de la modificación legal era «suprimir duplicidades, la caprichosa sobreprotección del lobo y eliminando la prohibición del glisofato». Manzanos explicó que legalmente no era posible limitar su uso a otras administraciones porque es un producto autorizado por la Unión Europea y por sus comités científicos: «No tenemos esa potestad; lo dice claramente la normativa», apostilló. «Esta ley fue la mayor chapuza legislativa. Se elaboró de forma apresurada y traía efectos muy adversos para esta comunidad autónoma», resumió la consejera.

Aunque los votos de Vox se unieron a los del PP para rechazar las enmiendas totales de PSOE e IU, su diputado Héctor Alacid reprochó al Gobierno que se contentara con introducir cambios «técnicos y formales» en una ley socialista: «¿Lo que antes era una chapuza ahora es una norma bien hecha?», les preguntó.

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