Del Palacete al convento: qué va a ser de los consejeros del PP

Los demás integrantes del anterior Ejecutivo saben, en cambio, que seguirán recibiendo una nómina a final de mes. Unos porque son funcionarios y otros porque continuarán trabajando como políticos, aunque cambiarán el lugar de sus desvelos: del Palacete de Gobierno al convento de la Merced, sede del Parlamento de La Rioja. El expresidente, José Ignacio Ceniceros, y los exconsejeros Begoña Martínez Arregui y Carlos Cuevas son parlamentarios con dedicación exclusiva. Ceniceros y Martínez, además, son miembros de la Mesa de la Cámara.

María Martín (Salud) y Alfonso Domínguez (Hacienda) también ocupan un escaño en el convento de la Merced, aunque ellos no están liberados. Como los dos son funcionarios, volverán a sus puestos. Martín, ingeniero de Montes, se integrará en el servicio de Calidad Ambiental y Domínguez, en el cuerpo de letrados del Gobierno de La Rioja. Si finalmente el Parlamento se profesionaliza –algo que previsiblemente sucederá en esta legislatura–, Martín y Domínguez deberán decidir si se dedican a tiempo completo a la política.

Al mismo cuerpo que Domínguez pertenece Alberto Bretón, que ha ocupado la Consejería de Políticas Sociales apenas unos meses, en sustitución de Conrado Escobar. Escobar dejó el cargo en abril, cuando fue nombrado candidato del PP a la Alcaldía de Logroño.

La exconsejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca, catedrática de Organización de Empresas, regresará a la Universidad de La Rioja. También Alberto Galiana, que fue responsable de Educación, es funcionario (técnico de la administración general). Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas, antes de ocupar distintos cargos de confianza en la administración regional, Galiana trabajó como jefe de servicio de gestión de centros docentes (2001-2007) y de enseñanza concertada (2007-2011).

La gran cantidad de funcionarios en el Gobierno de La Rioja –tanto en los primeros como en los segundos niveles– es simplemente la constatación práctica de las ventajas legales que los empleados públicos encuentran para dedicarse a la política. Al contrario que a quienes trabajan en el sector privado, a los funcionarios se les mantiene no solo su puesto de trabajo original, sino que incluso van acumulando antigüedad como si jamás se hubieran levantado de su mesa.

«Es una reflexión que me he hecho con frecuencia –reconoce Nagore–. Desde luego la política resulta mucho más fácil para los funcionarios que para las personas que trabajan en el sector privado. Lo he sufrido yo, que a veces tenía muchos problemas para coger a gente válida; se lo pensaban cuatro o cinco veces antes de dejar su puesto de trabajo en la empresa privada y al final solían decidir no hacerlo. Si queremos que a la política se dediquen los mejores, deberíamos mirar esto».

Salvo quizá Nagore, en principio ninguno de los exconsejeros deberá preocuparse por el régimen de incompatibilidades prescritos por la ley. En su artículo 53 (punto tercero), la Ley autonómica del Gobierno e Incompatibilidades de sus miembros estipula que «durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los miembros del Gobierno no podrán celebrar contratos con la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sus organismos públicos y restantes entes integrantes del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja». Además, durante los dos años siguientes a la fecha de cese, los exmiembros del Ejecutivo que vayan a iniciar una actividad privada deben comunicarlo «con carácter previo» al Registro de actividades, bienes patrimoniales e intereses.