PP y Cs pactan una reforma del Estatuto que marca un mínimo de 31 diputados

El documento recoge buena parte de las cuestiones donde los diferentes actores parecen coincidir y establece que el Parlamento deberá estar constituido por un mínimo de 31 de diputados y un máximo de 39, cuando la horquilla ahora se sitúa en 32-40. Se trata de uno de los aspectos clave y donde hasta ahora habían chocado los diferentes grupos dado que sobre ese margen la Ley Electoral, que ahora también está en fase de reforma, debe concretar el tamaño definitivo de la Cámara que en la actualidad está en 33 inquilinos. Tanto PP como Cs no han venido ocultando sus preferencias por que el hemiciclo mengüe. De hecho, en la modificación exprés del Estatuto que la formación naranja llegó a plantear con el PSOE hace ahora un año y que sigue estancada, la formación naranja propuso un suelo de 25 diputados aunque los socialistas no contemplan en ningún caso bajar del mínimo actual de 32. La ponencia también ha llegado a un acuerdo en este punto, con la coincidencia del conjunto de la oposición y el voto en contra del PP de un abanico de 33-42.

Las diferencias de criterio al respecto contrastan con la sintonía en otros puntos que la proposición de ley negociada entre PP y Cs también contempla. Entre ellos la supresión de los aforamientos, que se concreta en la eliminación de los artículos del actual Estatuto (17.7 y 24.4) que ahora permiten esa posibilidad tanto para los diputados como para los miembros del Gobierno. El documento también asume la limitación de mandatos del presidente de la Comunidad o ocho años, mientras que en cuanto al senador autonómico se abre la opción a que pueda ser nombrado cualquier riojano que, de ser diputado autonómico, deberá renunciar al acta. En cuanto a las consejerías, el tope será de diez.

En el capítulo de derechos de la ciudadanía, el documento reconoce una amplia batería entre los que incluye el de la transparencia y al gobierno abierto, garantizando el acceso a la información y datos de que disponen las administraciones públicas. Se reconoce asimismo la figura del Defensor del Pueblo Riojano regulada por la ley que ahora está en supenso, mientras que el texto mantiene la posibilidad de crear una televisión autónomica aunque elimina la condición de que el Estado la sufrague los dos primeros años de programación.