La orden que gestiona Valvanera, intervenida por el Vaticano

En principio, según señalan fuentes de la diócesis riojana, este cambio no tiene por qué afectar a la vida cotidiana en Valvanera, ya que las deficiencias que han motivado la intervención papal se refieren sobre todo a la «gran debilidad del proceso formativo» y el monasterio riojano, en el que viven tres religiosos, carece de centro de formación. El prior de la abadía, José Giunta, aunque rehúsa hacer declaraciones sobre el motivo de la intervención vaticana, indica que aún no ha tenido contacto con el nuevo administrador de su orden y que seguirán prestando, como hasta ahora, sus servicios en Valvanera.

La intervención afecta tanto a la rama masculina como a la femenina de la orden –Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará–. En el decreto, la Santa Sede manifiesta su preocupación por el «elevado número de abandonos» que registra el Instituto, en torno al 40% de sus miembros, lo que hace pensar en un deficiente proceso formativo y en una escasa atención a las comunidades constituidas. El texto, no obstante, también dedica unas palabras de elogio al «gran empuje misionero» del Instituto y al «encomiable compromiso personal de muchos de sus miembros».

Pero quizá el asunto más delicado es el que se refiere a su fundador, Carlos Buela. El decreto recuerda que un Tribunal Penal Especial en el Vaticano había encontrado a Buela culpable «de un delito con violencia contra el sexto mandamiento (no cometerás actos impuros)» sobre cinco miembros y exmiembros del Instituto. Aunque la sentencia, dictada el 20 de julio de 2021, había sido recurrida en apelación por el abogado defensor del reo, el padre Buela murió en un convento de Génova el 23 de abril de 2023, antes de que la Santa Sede resolviese su recurso.

El decreto vaticano considera inadmisible que los miembros de la institución sigan defendiendo a su fundador, «no obstante las reiteradas y graves medidas de la Sede Apostólica que en el trascurso de los años han reconocido al padre Buela culpable de los delitos de los que era acusado». «El fundador sigue siendo presentado como un sacerdote injustamente perseguido por la Santa Sede, y las víctimas son consideradas falsas y carentes de sinceridad», reprocha la Prefectura. Esta conducta reiterada, que incluye «peregrinajes a su tumba» y la difusión de sus escritos, también ha motivado la intervención pontificia, dada la «escasa colaboración» de los dirigentes de la orden.

El obispo de Teruel, José Antonio Satué, asume ahora la dirección del Instituto, y estará auxiliado por el religioso irundarra Antonio Munduate. El delegado pontificio –que hablará con los obispos en cuyas diócesis está presente el Instituto del Verbo Encarnado– presentará los informes para su reforma. El decreto estipula también que, durante tres años, la orden no podrá admitir nuevos miembros ni novicios.