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La oposición parlamentaria, pero también Izquierda Unida, firmante del pacto de gobernabilidad, exigen explicaciones al Gobierno de Concha Andreu por la conversión en trabajadores indefinidos de los tres últimos contratados por la sociedad 'La Rioja 360', dos cargos socialistas y un tercero vinculado ... al PR+, partido que gobierna en coalición con el PSOE en varios municipios de la región, entre ellos en Logroño.
Henar Moreno, portavoz de IU, es rotunda al afirmar que «lo que se ha hecho en 'La Rioja 360' es un fraude a la propia reforma laboral, ya que en ningún momento la sociedad pública está obligada a convertir contratos temporales en fijos cuando se formalizaron con anterioridad a su entrada en vigor, como es el caso».
En este sentido, Moreno alude a la disposición adicional tercera de la Ley de Reforma Laboral, que establece que los contratos celebrados antes del 31 de diciembre de 2021 con el sector público no solo no pueden acogerse a la nueva normativa, sino que, textualmente, «mantendrán su vigencia hasta el cumplimiento de la duración fijada de acuerdo a su normativa de aplicación, con el límite máximo de tres años contados a partir de la citada fecha».
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Es decir, la diputada tiene claro que «se ha hecho fijos a estos tres trabajadores porque se ha querido, con reforma laboral o sin ella». Así, lamenta la «utilización con perversión» de la norma como excusa, cuando precisamente se aprobó «para corregir situaciones de fraude de ley de muchos trabajadores que encadenaban contratos temporales sin justificación, pero, en ningún caso, para colocar a 'amiguetes' a dedo». IU anuncia que presentará varias iniciativas parlamentarias para reclamar explicaciones y también sobre «qué puestos en concreto está desempeñando cada uno, porque no tenemos nada claro ni dónde ni para quién trabajan».
Tal y como informó ayer Diario LA RIOJA, la sociedad 'La Rioja 360', financiada íntegramente con fondos públicos, ha convertido en indefinidos los vínculos laborales de dos cargos socialistas contratados a dedo. Se trata de Francisco Javier Ibáñez, alcalde de Badarán por el PSOE, que antes estuvo contratado como asesor en la Delegación del Gobierno, y de Carmen Arana, exalcaldesa de Fuenmayor, que llegó a ser elegida senadora en los comicios de abril de 2019, pero que no logró renovar el escaño en la convocatoria de noviembre. Junto a ellos ha pasado también a tener condición de fijo José Carlos Gurría, miembro de la ejecutiva del Partido Riojano (PR+).
Jesús Ángel Garrido, portavoz parlamentario del PP, es también tajante al calificar el caso de «nepotismo»: «Es la definición de quien contrata por amistad o amiguismos, como Andreu, y, si a eso le sumamos la complicidad con el transfuguismo, la ecuación nos da una corrupción de libro». Garrido insiste en que la reforma laboral no obliga a convertir en fijos contratos temporales anteriores al 31 de diciembre y anuncia también iniciativas parlamentarias.
Igualmente, Belinda León, diputada de Ciudadanos (Cs), tiene claro que el Gobierno utiliza la reforma laboral «a su conveniencia». León sostiene que «Andreu ha demostrado en tres años no tener escrúpulo alguno para colocar a los suyos, lo cual, junto con el mantenimiento de una tránsfuga, provoca una desafección absoluta de los riojanos y ese es el caldo ideal para los populismos y extremismos». La diputada lamenta que «Andreu haga lo mismo que supuestamente vino a cambiar después de 24 años del PP».
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