Las organizaciones agrarias de la región pidieron ayer a las Consejerías de Agricultura y Ganadería y de Sostenibilidad que medien en las juntas de explotación ante el previsible estallido de una guerra del agua ante la más que probable escasez, que ya se está ... viviendo en la cuenca del Iregua. En este sentido, las juntas de explotación son las que deciden como administrar el agua embalsada –incluso su venta a otros regantes cuando hay excedente– y el primer desencuentro ya se vivió la semana pasada cuando los sindicatos municipales del Iregua no fueron capaces de llegar a un acuerdo para el conjunto de la cuenca: «La administración debería implicarse en estas reuniones, mediar, tutelar y, sobre todo, apoyar económicamente a los más perjudicados», explica ayer Igor Fonseca, secretario general de ARAG-Asaja.
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Las opiniones
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Igor Fonseca | ARAG-Asaja «Debe haber compensaciones sobre la mesa cuando se tomen decisiones y no solo de las comunidades de regantes»
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Óscar Salazar | UAGR «Si hay restricciones deben ser para todos y los ayuntamientos deberían tomar ya medidas sobre riegos y piscinas»
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Néstor Alcolea | UPA «La guerra del agua ya está declarada como hemos visto en el Iregua y puede llegar también a otras zonas y cuencas»
Fonseca recuerda que la semana pasada el acuerdo que se proponía en el Iregua era sacrificar el cereal para garantizar un riego más tardío a los frutales: «Lógicamente, para tomar una decisión así debe haber compensaciones sobre la mesa y no sólo de las comunidades de regantes».
En la misma línea se pronunca Óscar Salazar, presidente de la UAGR, y cerealista en La Rioja Alta: «Los problemas van a ir a más y hay que intentar facilitar los acuerdos y ser muy prudentes con la gestión, especialmente en el caso del Iregua donde se abastece de agua potable a la capital y a todo el Logroño metropolitano». «Soy cerealista –continúa–, pero lo que no puede ser es que se ponga en juego la supervivencia de árboles frutales y para ello entendemos que la administración también debe estar ahí y ofrecer compensaciones si es necesario por el bien común».
Salazar incluso reclama que los ayuntamientos tomen ya medidas sobre los llenados de piscinas y los riegos de jardines, especialmente en el Iregua: «Si hay restricciones deben ser para todos y, como decía, hay que gestionar lo mejor posible el agua embalsada porque las perspectivas no son nada buenas».
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Néstor Alcolea, secretario técnico de UPA-Rioja, incide también en estas cuestiones: «La guerra del agua ya está declarada, como hemos visto en el Iregua, y puede llegar también a otras zonas y cuencas». «En su momento –continúa–, se vendieron excedentes al canal imperial de Aragón que ahora se van a echar mucho en falta y nosotros creemos que las administraciones deben estar ahí porque va a haber conflictos». Asimismo, UPA reclama, como el resto de sindicatos, que se estudien y, si es necesario, se revisen los caudales ecológicos.
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Las organizaciones agrarias coinciden también en reclamar ayudas, una flexibilización de las exigencias de la PAC, que ya habían pedido con antelación y que ahora se va a permitir «aunque tarde», así como especial atención al sector ganadero que será el «mas perjudicado» por la falta de agua en los montes –habrá que llevarla–, así como el subidón de precios esperado para el escaso forraje.
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