Los representantes de las tres OPA (Organizaciones Profesionales Agrarias) se han reunido este miércoles con el presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, para trasladarle su preocupación ante la «situación dramática» del sector. ARAG-Asaja, UAGR y UPA han planteado a Capellán la necesidad de adoptar «medidas ... estructurales» que permitan revertir una crisis que no tiene visos de mejorar en los próximos años.
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Entre ellas figuran las ayudas públicas para proceder al arranque definitivo de viñedo. «Esto ya ha ocurrido en otros países como Francia, cuyo gobierno ha destinado una importante partida económica para ello. En España, sin embargo, el ministro Planas parece ajeno a las dificultades que está atravesando el sector vinícola español», detalló, tras la reunión, el presidente de ARAG-Asaja, Eduardo Pérez.
El coordinador sindical de UAGR, Roberto Ruiz-Clavijo, también animó a iniciar los trámites para las posibles ayudas a los arranques, una medida que tiene su complejidad burocrática, ya que debe ser aprobada por la Comisión Europea a solicitud del Ministerio. No obstante, con carácter previo, Ruiz-Clavijo solicitó sacar una «fotografía exacta» de la masa vegetal dentro de la Denominación de Origen Calificada y también del trabajo de la Interprofesional: «Los viticultores ya cumplen todos los controles, ahora debemos estar seguros de que las bodegas también lo hacen». UAGR es la organización más tibia a la hora de defender el arranque: «Según como se planifique –señaló el pasado martes en un comunicado–, puede traer más problemas que soluciones, con las bodegas acaparando la mayoría de las viñas y dejando en una situación de mayor debilidad todavía a las viticultores».
UPA, por su parte, recuerda que la «situación es insostenible» tras una «vendimia ruinosa». Para su secretario general en La Rioja, Néstor Alcolea, de las tres medidas sobre la mesa (destilación, vendimia en verde y arranque), solo la última es estructural y permitiría resolver el desajuste entre la oferta y la demanda. «No podemos hacernos ilusiones con posibles futuras subidas de ventas de vino. La realidad no invita a pensar en eso», advierte.
«Los viticultores llevan cinco campañas muy complicadas, en las que han visto cómo su rentabilidad caía más del 35% mientras subían los costes casi un 20% y bajaban en un 15% lo que recibían por sus cosechas», apunta Eduardo Pérez, de ARAG-Asaja. «Agradecemos el esfuerzo que administraciones como el Gobierno de La Rioja han realizado estas campañas para reducir los excedentes, pero se trata de medidas coyunturales. Necesitamos un paso más, con decisiones eficaces para superar la crisis estructural del sector», subraya Pérez.
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Desde UAGR se incide especialmente en mejorar la Ley de la Cadena Alimentaria, «que es la herramienta que tenemos ahí para restaurar ese equilibrio entre oferta y demanda», advierte Ruiz-Clavijo. Pérez, por su parte, redundó en la necesidad de «mejorar las relaciones contractuales entre viticultores y bodegas».
Todos los asistentes se mostraron satisfechos tras la reunión, al entender que habían podido trasladar al presidente sus reclamaciones y que este las había recibido con interés y de manera positiva. «No ha descartado la medida de arranque y trasladará la petición al Ministerio. Si no se hace nada, el sector seguirá sumido en una crisis tremenda», apunta Néstor Alcolea. «Ha tomado nota de nuestras peiticiones; ahora esperamos que esa buena disposición se convierta en acciones», concluye Ruiz-Clavijo.
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El pasado 10 de octubre, en un comunicado conjunto, las tres OPA anunciaron la celebración de un acto de protesta a final de mes tras una vendimia especialmente frustrante: «Los viticultores de la DOC –señalaban– están finalizando una de las peores campañas que se recuerdan, no solo por la escasa cosecha, sino por unos precios ruinosos que abocan a muchas explotaciones a la desparición». Este movilización sigue en pie, según indican fuentes del sector, y sus detalles se desvelarán en breve. En aquel comunicado, las organizaciones agrarias recordaban que habían comenzado a reunirse a finales de febrero, cuando acordaron emprender una serie de iniciativas que comenzaron con una reunión con los dos eurodiputados riojanos, César Luena (PSOE) y Esther Herranz (PP). Del mismo modo, se unieron en la denuncia por incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria contra la bodega Pagos del Rey, de Fuenmayor, «por ofrecer contratos con precio de la uva muy por debajo de los costes de producción». Tal y como adelantó este periódico, Pagos del Rey había hecho circular entre sus proveedores unas tablas de precios para la vendimia que levantaron indignación entre los viticultores. La bodega había resuelto pagar a 60 céntimos el kilo de las uvas tintas más 'premium', hasta 14 grados y en condiciones sanitarias perfectas, mientras que los precios van bajando en función de la graduación a razón de cinco céntimos por cada medio grado.Las organizaciones agrarias reaccionaron para tratar de poner freno «a unas prácticas perniciosas que además pueden ser contagiosas».
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