Suponga usted el siguiente caso, que no es nada raro. A usted se le estropea su teléfono de marca puntera. Puede que no sea nada: una pantalla rajada, un botón que deja de ser lo operativo que era en un principio, algo así. Lo lógico ... sería que usted pudiera acudir a cualquiera de los servicios técnicos cada vez más disponibles en todo el mundo y que ese taller se lo pudiera arreglar sin más problema, usando componentes originales si usted lo prefiere. Pues va a ser que no: si no quiere usted perder la garantía de ese producto (y arriesgarse así a perderlo del todo la próxima vez sin que sea culpa suya) tendrá que llevarlo a un servicio técnico oficial. Que le costará (comparativamente) un pico.
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Es una situación que hemos ido dando paulatinamente por normal, pero que no debería ser así. Las marcas, sobre todo las más importantes y caras, dan cada vez menos facilidades para que sus productos se reparen libremente. No sólo es la posible pérdida de la garantía, sino también la negativa a vender piezas originales a tiendas que no sean suyas, o tácticas más «pedestres», como utilizar tornillerías no estándar o sellar sus componentes de un modo que dificulta el acceso.
Así las cosas, lo que se están empezando a preguntar algunas asociaciones es si los consumidores deberían tener (o tienen, aunque no se les reconozca) un «derecho a reparar» sus productos en las condiciones más ventajosas para ellos.
Detrás de ese pretendido 'derecho a reparar' hay en realidad una guerra económica a gran escala. Por una parte, las grandes marcas, y por otra los servicios de reparación más pequeños e independientes, a los que se les niega el acceso a piezas originales, cosa que, por ejemplo, no ocurre en el caso de la automoción.
Pero hay otro componente: la lucha contra la muerte prematura de lo que compramos. Porque si una marca controla totalmente las reparaciones de sus productos, controla también cuándo darlos por «acabados». Es decir, puede instaurar protocolos que den por «no reparables» aparatos que sí deberían serlo. Es, de nuevo, la tan conocida 'obsolescencia programada', uno de los caballos de batalla de este principio de milenio para los organismos de defensa del consumidor.
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En España, OCU ha lanzado recientemente una campaña contra esa manía de los aparatos de fenecer antes de tiempo. Uno de los ejemplos que ha puesto en redes sociales es llamativo. Varias asociaciones de consumidores europeas se unieron para medir la duración de decenas de modelos de aspiradores, a los que hicieron funcionar 24 horas hasta ver cuándo se estropeaban.
Hubo mucha variación, según marcas, pero lo más interesante vino después: casi todos los motores fallaban por el desgaste de una misma pieza, unas escobillas. Pues bien, ninguna marca cambiaba esas escobillas (que cuestan unos 4 euros) sino el motor entero, a partir de 70. Evidentemente, si la reparación te cuesta 10 euros, no cambias el aspirador. Si te cuesta 100, probablemente sí. Lo que se repara no se sustituye. Lo que se repara más fácilmente, menos aún. ¿Es un derecho de los consumidores? Debería serlo.
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