La obligación legal de proporcionar dos paseos diarios a las mascotas se ceñirá solo a los perros

Uno de los paquetes de cambios más abultado por esta vía es el referido a la Ley de Protección Animal de la comunidad, cuya gestación y aprobación a finales del 2018 contó con el enconado rechazo del PP y sectores vinculados al área, generando hasta el momento la apertura de más de 500 expedientes. En la «purga de errores» reconocida en la exposición de motivos y con la finalidad añadida de favorecer tanto la comprensión como la aplicación de las medidas recogidas, se concreta, por ejemplo, uno de los puntos que había generado mayor controversia: la obligación por parte de los propietarios de proporcionar a sus animales el ejercicio necesario con al menos dos paseos al día. La nueva redacción ciñe esta exigencia solo en el caso de los perros, mientras que, asimismo, en cuanto al objeto de la normativa se matiza que se persigue la protección y bienestar de los animales, «fundamentalmente de aquellos de compañía y los que se encuentran bajo la responsabilidad de las personas».

No es la única apreciación que se incorpora al documento definitivo. En cuanto a la exigencia de comunicar el fallecimiento del animal adjuntando un certificado expedido por un veterinario, se suprime la necesidad de hacer constar la causa de la muerte. Las variaciones recogidas en la Ley de Acompañamiento siguen negando el uso de perros como barrera para impedir el paso del ganado, pero admite ahora «su uso tradicional para el cuidado y manejo del ganado, así como para la protección de los rebaños contra el ataque de depredadores». Igualmente se pone límite a la actuación inspectora que los críticos advertían que podría laminar derechos de los propietarios, obligando aquí a «la observancia de la legalidad vigente en materia de inviolabilidad del domicilio». Respecto a las voces que censuraban la carga que supondrá para los entes locales el despliegue de la ley, los cambios efectuados recogen que, además del apoyo técnico y asesoramiento ya previsto, el Gobierno de La Rioja prestará «colaboración en la financiación» a los ayuntamientos en esta cuestión.

También la Ley de Turismo opera cambios tras el último del pleno del Parlamento. En varios frentes. Por un lado, la comprobación de que se cumplen los requisitos de alojamientos turísticos se remite al comienzo de la actividad para impedir que se destinen a este uso casas ubicadas en suelo rústico donde no está permitido o inmuebles donde tampoco está autorizado. También se rectifica el concepto de profesión turística desligándolo de lo que fije el reglamento, y se obvia la exigencia de habitualidad dado que en el sector hay mucha actividad que se realiza como complemento a otras. También se simplifica la definición de guía y se elimina de habilitación previa por parte de Turismo.

Con el afán de abundar en la protección de la infancia respecto al juego y evitar discrepancias interpretativas, se precisa la forma de cálculo de la zona de prohibición de concesiones para instalar máquinas de juego en un radio de 200 metros alrededor de los colegios. La segunda modificación afecta a la publicidad sobre el juego incluyendo otras modalidades como el patrocinio y se endurece el régimen de prohibiciones y autorizaciones.

En este punto se modifican los plazos para volver a pedir las ayudas previstas en la ley tras una sanción, eliminando del cálculo el tiempo de instrucción del procedimiento sancionador y que demoraba la suspensión. También se operan ajustes para dar una solución más ordenada a la extinción de prestaciones incompatibles con la nueva renta.

Cubrir dos «lagunas legales» es el propósito de sendas variaciones en esta norma. Por un lado, se fija la obligación de destinar a destilación la producción de los viñedos de plantaciones no autorizadas para desincentivar conductas fraudulentas. Asimismo, se añade un nuevo artículo que regula el procedimiento para la declaración de viñedo abandonado y sus consecuencias.

Se levanta la suspensión de la norma aprobada en el 2006 y aparcada en septiembre del 2013 para retomar la institución de la Defensoría.