Los directores de los institutos denuncian la «impunidad» de algunos alumnos a los que no pueden expulsar

«Hay alumnos que tienen conductas graves, con insultos directos a los profesores, que quedan impunes porque no se recogen estos casos en el Decreto de Convivencia», asegura Carolina Fernández, presidenta de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de La Rioja (ADIR). En concreto, porque se trata de una norma que «no da respuesta» a las conductas contrarias a la convivencia. «Es un decreto buenista, en el que, como ya hacíamos antes, hay que hablar y dialogar con el alumno cuando comete una falta en el aula para intentar que razone, pero el problema es que cuando lo hacemos se deriva a Orientación y al Aula de Convivencia y hay ciertos estudiantes que se escapan, que no responden, situaciones a las que no se les da respuesta con el Decreto de Convivencia».

En este sentido, considera esencial que se recupere la autoridad del profesorado para poder tomar medidas ante estas conductas disruptivas. «Antes estaban tipificadas cada una de las faltas y, como medida extraordinaria, se podía expulsar. Era una medida drástica, que no nos gustaba a ninguno, pero que se podía tomar y que estaba en manos de los centros». Ahora, sin embargo, el texto «no contempla que puedan ocurrir estos casos extremos, porque para el resto de situaciones más o menos funciona, pero la cuestión es cómo se resuelven estos casos graves, comportamientos y conductas contrarias y disruptivas».

Por todo ello, desde la asociación de directores también solicitan que «se nos escuche a los centros y se nos deje participar». «Hemos tenido reuniones con el consejero de Educación, pero nos gustaría que nos escucharan, porque lo único que queremos como directores de los centros es mejorar el clima de convivencia, ya que somos nosotros quienes estamos al pie del cañón», afirma la presidenta de ADIR. «En un papel o en un decreto podemos describir situaciones idílicas, pero en el día a día, en clase, es donde se está viendo que estas situaciones se están empezando a producir y nos preocupa mucho, porque a estos casos graves no se les está dando respuesta». Ante estas situaciones, explica, «nos estamos poniendo en contacto con las inspecciones de nuestros centros para comunicarles estos casos graves que se nos escapan, contra los que ya no tenemos herramientas porque el Decreto de Convivencia no contempla que puedan producirse».

No solo eso: la imposibilidad de expulsar a los alumnos de los centros también está provocando que ciertos estudiantes «empiecen a respirar una sensación de impunidad y que los centros nos sumamos en un estado de absoluta indefensión». Por no hablar del «ejemplo» que los responsables de estos hechos están dando a sus compañeros de aula. «Si hay un alumno que insulta directamente a un profesor y no ocurre nada, porque solo hay una charla, las conclusiones que pueden sacar sus compañeros es que pueden insultar a un profesor o, incluso, pegar a un compañero de clase, y no pasa nada». La situación se agrava porque «hay profesores que se llegan a dar de baja por depresión porque un alumno le insulta de forma reiterada. Nos dicen estos casos se denuncien en la Policía, pero desde Educación habría que dar otra respuesta».