La nueva campaña de Renta obliga a declarar los bonos juveniles de cultura y de alquiler

La obligación o no de declarar estas medidas públicas ha generado «una clara confusión», avisa la presidenta del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de La Rioja y Aragón, María Teresa Gómez Latorre. Y la primera premisa para tratar de despejar dudas es que «todas las ayudas públicas que percibamos, ya sean nacionales, autonómicas o municipales tienen su consecuencia fiscal» y, por tanto, «si se recibieron en 2022 tendremos que incluirlas en la declaración de la Renta que vamos a hacer este año, siempre y cuando no estén declaradas como exentas de forma expresa».

Pero, ¿quiénes están obligados a presentar declaración? Pues todos los contribuyentes con rendimientos del trabajo máximos de 22.000 euros anuales en caso de un pagador o de 14.000 euros (15.000 en la declaración que haremos en 2024) si son varios. Con excepciones: los contribuyentes que perciben el Ingreso Mínimo Vital, por ejemplo, deben presentar declaración con independencia de sus ingresos. «Si no lo hacen corren el riesgo de perderlo», avisa Gómez Latorre. Y eso que el IMV, a diferencia de otras ayudas públicas, está exento de tributar, es decir, no hay que pagar a Hacienda por él. La obligación de declararlo es «una forma técnica que tiene la Administración de controlar las ayudas que concede», precisa.

Por el contrario, los bonos cultural y de alquiler para jóvenes y la ayuda de 200 euros para personas con bajos ingresos sí están sujetos a tributación por IRPF y, si sus beneficiarios superan el mínimo exento, deben incluirlos en la declaración que presenten. De hecho, «tienen su casilla propia en la declaración». Eso sí, «se declaran cuando se cobran, aunque el derecho se haya generado con anterioridad».

En el caso del bono cultural (2.176 beneficiarios en la comunidad en noviembre del año pasado), ya sea si se ha consumido en su totalidad (400 euros) o sólo en una parte, hay que «analizar caso por caso», enfatiza la portavoz de los gestores administrativos. Porque, aunque recibir el bono no obliga a presentar la declaración por sí mismo, puede ocurrir que los perceptores sean «jóvenes que aprovechen el verano para trabajar» y que decidan presentar declaración «para que les devuelvan el dinero retenido en las nóminas».

Lo que deriva en un problema para «sus padres: al no poder deducirse a ese hijo en su declaración», porque presenta la suya propia, «la pérdida aproximada por progenitor puede ser de 450 euros». «Nuestro consejo –apunta Gómez Latorre– es que cada perceptor analice su situación, porque es obligatorio incluir la percepción de este bono cultural si hace la declaración».

En cuanto a la ayuda de 200 euros que las personas más vulnerables han solicitado en la web de la Agencia Tributaria y que se cobra en un pago único, «la aprobada en febrero de este año (17.918 solicitantes en La Rioja) se declarará en 2024, pero como ya hubo una similar efectiva en 2022 por otra normativa, ese importe se tiene que declarar en la declaración que hacemos este año», explica la experta.

Respecto al bono joven de alquiler (1.133 en La Rioja), la presidenta del Colegio de Gestores Administrativos subraya que su tramitación ante la Agencia Tributaria es «como la de las ayudas de la PAC» y debe satisfacerse «si aparece ya en los datos fiscales» de 2022 y por las cuantías ingresadas en ese ejercicio. Esa ayuda compromete 250 euros para el pago del arrendamiento durante dos años. En total, 6.000 euros por los que se tendrá que tributar al no estar exentos.

Por otro lado, Gómez Latorre insta a las madres trabajadoras a «estar muy atentas a la ayuda por maternidad» de 100 euros mensuales. Hasta el jueves, día 6, sólo se beneficiaban aquellas que estuvieran en activo, pero el viernes entró en vigor una ampliación para que también accedan, entre otras, las que estén en desempleo (incluidas las fijas-discontinuas y las autónomas). Es retroactiva al 1 de enero de 2020, con lo cual las potenciales beneficiarias pueden solicitar los importes no sólo del año pasado sino los de los dos ejercicios precedentes.

Estas son las principales novedades de la Renta 2022 que, por segundo año consecutivo, estará marcada por la inflación. Sólo Madrid, País Vasco, Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, que aglutinan la mitad aproximada de los contribuyentes de España, han deflactado el IPC en algunos tramos autonómicos del IRPF. No obstante, la horquilla oscila «entre el 4,1% y el 4,3%, por lo que no han llegado a la inflación real del año pasado, y sólo a la mitad de lo que han subido las pensiones medias (8,5%), y eso es importante tenerlo en cuenta porque también nuestros mayores van a tener que pagar más porque cobran más», explica Gómez Latorre.

Por último, y con carácter general, la portavoz de los gestores administrativos insta a los riojanos a «revisar y comprobar el borrador de la Renta», dado que «no consigna de forma automática muchas deducciones nacionales y autonómicas» que, en definitiva, «son derechos que pierdes si no los ejercitas».