Vox exige un informe técnico que determine la viabilidad de reabrir Garoña

Según han explicado este miércoles los procuradores burgaleses Iñaki Sicilia y Ana Rosa Hernando, la intención de Vox es conseguir el consenso necesario dentro de Castilla y León para presionar al Gobierno a que reconsidere su postura al respecto de Garoña.

Se trata, básicamente, de exigir la redacción de un «estudio técnico» que valore la posibilidad de revertir el cierre y poner de nuevo en marcha la central, que lleva casi diez años desconectada de la red eléctrica.

A partir de ahí, si efectivamente es «técnica y económicamente viable», desde Vox se pretende instar al Gobierno a destinar «cuantos recursos sean necesarios dentro de las posibilidades» para reabrir la planta, ratificando así la apuesta por la nuclear como fuente energética «viable, constante, segura, económica y compatible con el concepto de soberanía energética». Una apuesta que, tal y como han recordado los procuradores burgaleses, ya se ha puesto sobre la mesa en otros países europeos, que en los últimos meses han revisado sus calendarios de cierres de plantas nucleares.

En 2011, Garoña produjo 3.742 GWh de electricidad, lo que supone el 1,4% de la generación de todo el parque energético español en 2021

En este sentido, desde la formación remarcan en que Garoña podría incrementar en un 6,5% la capacidad productiva del parque nuclear español. En el contexto del conjunto del mapa energético nacional, la capacidad productiva de Garoña supondría actualmente el 1,4% del total de la energía generada.

Además, Sicilia ha insistido en el impacto que tendría en el entorno la reapertura de la central, que en sus picos máximos de producción llegaba a generar más de un millar de empleos directos e indirectos en Las Merindades y Miranda de Ebro.

Habrá que ver, ahora, qué respuesta encuentran desde Vox en las Cortes de Castilla y León. En principio, la formación cuenta con el apoyo del PP, que históricamente se ha mostrado partidario de prorrogar la vida útil de la central burgalesa y que en su día cuestionó muchísimo su cierre.

Un cierre que, además, llegó cargado de polémica. En julio de 2009, el Gobierno de Zapatero dio luz verde a la última prórroga de actividad, aunque dictaminó que dicha prórroga se extendiera sólo cuatro años, y no los diez que solicitaba Nuclenor, empresa propietaria de la planta.

Sin embargo, y antes de que llegara la fecha oficial de cierre, la propia empresa, participada a partes iguales por Endesa e Iberdrola, decidió desconectar la central de la red eléctrica en diciembre de 2012 ante la inminente entrada en vigor de una nueva fiscalidad. Aquella decisión supuso la imposición de una sanción de 18 millones de euros por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

A partir de ahí, y a pesar de las presiones y movimientos impulsados desde diferentes ámbitos, la cuestión quedó en tierra de nadie y en 2017 se decidió definitivamente poner punto y final a la actividad del reactor más antiguo de todo el parque nuclear español.

De hecho, a lo largo de los últimos años se han ido dando pasos en firme para desmantelar la central, un proceso largo, complejo y costoso que está a las puertas de iniciarse formalmente. De momento, Enresa, que continúa a la espera de hacerse con la titularidad de la central, ya ha adquirido los contenedores destinados al almacenamiento del combustible gastado y ha comenzado a cargarlos de material en la propia planta.