Nicolás: «No ordené trato preferente ni a este ni a ningún parque y eso va a misa»

El actual director general de la Cámara de Comercio, investigado por presunta falsedad documental en la certificación final de obra del parque solar de Torremontalbo en un procedimiento paralelo, ha reiterado en varias ocasiones que en los procedimientos que llegaban a la dirección de Industria intervenían los técnicos y «cuando me lo pasaban a la firma, se suponía que estaban bien».

«Yo era un recién llegado a la dirección y tenía plena confianza en los técnicos puesto que llevaban mucho tiempo haciéndolo. Me decían: Tiene que firmar esto para la resolución, porque está finalizada la tramitación y si no había problemas y lo firmaba«, ha señalado Nicolás, que ha declarado como testigo asistido por su abogado dada su condición de imputado en la mencionada causa paralela.

Este testigo ha explicado que su formación era económica, no técnica, por lo que «a mí me traían todo el expediente tramitado que se suponía que cumplía los procedimientos y, por tanto, cuando me lo ponían a la firma automáticamente lo firmaba.

Nicolás, a petición de su abogado, se ha negado a contestar a varias cuestiones. En una de ellas el fiscal le ha preguntado si había tenido contacto con Muñoz.

En la misma sesión también ha declarado como testigo el exresponsable de Iberdrola, Jesús Aguado, quien al igual que el anterior ha testificado acompañado por su abogado, puesto que también aparece como investigado por supuesta falsedad documental en la causa paralela.

A preguntas del fiscal, ha reconocido en un primer momento que mantuvo contacto con el extitular de Hacienda, Juan José Muñoz, y con el también procesado A.G.R.. Ambos, según su versión, le habrían preguntado si la solución que le planteaban de enganche del parque de Torremontalbo a la red de Iberdrola era la más barata y «si el presupuesto era negociable».

Sobre este extremo le ha vuelto a preguntar la defensa del exconsejero, tras leerle la declaración previa que el exresponsable de la eléctrica hizo en sede judicial y en la que habría señalado que conoció la relación de Muñoz con Emfrisa a través de la prensa. Ha sido entonces cuando Aguado ha matizado algunas de sus palabras. «Yo digo -ha indicado- que si Muñoz me habló de algo, me hablaría de eso para preguntarme por eso, pero no recuerdo nada de los detalles concretos. Todas las personas que me llamaron era porque les parecía cara la conexión a la red y era la pregunta que me hacían todos«.

En cualquier caso, ha explicado que para que Iberdrola diera la orden final de conexión a la red, el parque en cuestión debía tener todas las autorizaciones previas de la dirección general de Industria.

Finalmente, también ha declarado como testigo R.C. un ingeniero, investigado también en el procedimiento paralelo, que se ha negado a contestar a la mayoría de las cuestiones.

El fiscal imputa al exconsejero Muñoz los presuntos delitos de estafa, blanqueo de dinero y tráfico de influencias en la operación de traspaso de la sociedad Emfrisa, y por ellos reclama cinco años y nueve meses de prisión y una multa de seis millones de euros. A su mujer, C.M.C., le acusa de presunta estafa y blanqueo de capitales y pide para ella cuatro años de cárcel y más de 276.000 euros de multa. La lista de procesados en esta causa la completan A.G.R. para quien el fiscal reclama una pena de cinco años de cárcel y más de 276.000 euros de multa por los mismos delitos que la anterior y para A.G.C. y I.M.A., tres y dos años de cárcel y multa de 3.000 euros para el primero y de 2.400 para el segundo por una supuesta estafa. Demandan también que entre todos indemnicen solidariamente a Bellomonte en más de 1,6 millones de euros.