Celso González | Director general de Gestión Migratoria

«Necesitamos extranjeros para que el estado del bienestar sea sostenible»

– ¿Cómo han sido los primeros meses en el cargo?

– Tan intensos como gratificantes. Se trata de un trabajo en el ámbito social, de apoyo y defensa de los derechos humanos para una población tan vulnerable como es la población migrante. También debo decir que añoro mucho La Rioja y sus gentes, que tan buena acogida me dieron, así que siempre que puedo, hago una escapada.

– Su Dirección General cuenta con muchos frentes abiertos. El primero, la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería. ¿Qué supondrá?

– El nuevo Reglamento de Extranjería va a ser una palanca decisiva para el progreso social y económico del país. Y lo será garantizando la seguridad jurídica, fortaleciendo los derechos de las personas migrantes y promoviendo una prosperidad compartida. Después de once años, es de nuevo un Gobierno socialista quien impulsa un nuevo Reglamento de Extranjería para adaptar nuestra normativa a la realidad del fenómeno migratorio, además de cumplir con la legislación europea.

– ¿Cómo nace la reforma y por qué?

– Es un nuevo reglamento que nace tras un proceso de escucha –y mucho dialogo– con que el que el Gobierno da respuesta a las demandas de nuestro mercado laboral, las necesidades de los migrantes y los retos demográficos de nuestro país. Este reglamento representa un equilibrio entre la extensión y protección de los derechos de las personas migrantes y el rigor jurídico y la atención a las necesidades de España. Este equilibrio se beneficia con medidas como la reducción de plazos y trámites, la supresión de duplicidades, y de refuerzo de los derechos de los trabajadores migrantes y garantías para las empresas.

– ¿Se considera la solución adecuada, teniendo en cuenta que los colectivos de inmigrantes pedían una regularización extraordinaria?

– El reglamento se ha desarrollado desde un doble prisma. Por un lado, esa mirada al exterior para que la gente que está por migrar a España lo haga a través de vías regulares, ordenadas y seguras; pero también con una interna para dar respuesta a las personas que ya están aquí en situación de irregularidad. Por eso también hemos reforzado la figura del arraigo. Somos el único país de la UE que dispone de esta figura específica para regularizar a las personas, con la que desde 2022 se han concedido más de 500.000 autorizaciones de residencia. Con el reglamento potenciamos este mecanismo estructurándolo en cinco modalidades: el social, sociolaboral, familiar, socioformativo y de segunda oportunidad. Fórmulas que se adaptan plenamente al Pacto Europeo para la Migración, en cuya implementación estamos trabajando intensamente.

– ¿Necesita de verdad España regularizar a más personas para poder atender las necesidades económicas del país?

– La situación de irregularidad no es deseable para ninguna de las partes, ni para las personas migrantes, ni empleadores, ni para la sociedad. Además, el progresivo envejecimiento de nuestra población y las reducidas tasas de natalidad provocan que sea cada vez más difícil el reemplazo generacional en todos los niveles. Es previsible que no sólo en España, sino en la UE, comience a retroceder la población activa a partir de 2025, aumentando en un 35% las personas jubiladas y perdiendo unos 30 millones de personas en edad de trabajar en 25 años. Y se estima que aproximadamente dos de cada 15 serán españolas. Los datos lo dicen todo.

– Es cuestión de futuro...

– Tal y como concluyen diferentes estudios y estadísticas, el crecimiento económico español (superior a la media europea, por cierto) se debe, entre otros factores, a la incorporación de la población migrante al mercado de trabajo. Y todos los organismos nacionales e internacionales nos dicen que vamos a seguir necesitando más población de origen extranjero para que nuestro estado de bienestar siga siendo sostenible.

– En el tablero internacional han comenzado las deportaciones de personas en situación irregular ordenadas por Donald Trump. ¿Cómo las valora?

– La política del Gobierno de España prioriza los derechos humanos y la apuesta por la empleabilidad y el talento de la población migrante. Son dos pilares irrenunciables de nuestra política e independientemente del contexto los vamos a seguir defendiendo.

– Otra de sus competencias se centra en la acogida. ¿Está previsto ampliar la Red Pública de Centros de Migraciones?

– A través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está previsto aumentar la red de acogida estatal en más de 5.700 plazas, lo que supone un incremento del 33 % de la red pública de centros de migraciones.

– ¿Qué va a ocurrir en La Rioja, donde el número de plazas de acogida es muy limitado?

– Cuando se comenzó con la búsqueda de localizaciones para la construcción de centros de acogida, se contactó con el Ayuntamiento de Logroño y se iniciaron una serie de negociaciones para la construcción de un centro de acogida de protección internacional. Tras las elecciones municipales y regionales se produjo un cambio de gobierno en la corporación municipal y autonómica, que impidió llegar a un acuerdo.

– También le corresponde el control de las Oficinas de Extranjería. Desde hace años se pide más personal, puesto que en ocasiones se encuentran desbordadas, como en La Rioja. ¿Hay algún plan de refuerzo?

– Se están tomando medidas para incorporar los recursos necesarios con el objetivo de dar respuesta al incremento de solicitudes de autorizaciones de residencia y trabajo en las Oficinas de Extranjería, e incluso estamos trabajando en la viabilidad de poner en marcha un plan de choque mediante la creación de una unidad de apoyo que resuelva expedientes de aquellas oficinas que acumulen un mayor número de peticiones.

– Respecto a estas oficinas, se mantiene la obligatoriedad de la cita previa. ¿Está en el horizonte eliminarla o modificarla?

– El Reglamento de Extranjería no obliga a la comparecencia física. De hecho, la vía preferente es la presentación telemática de solicitudes y documentos y existe una plataforma específica para ello. La cita presencial es una opción, una garantía para las personas que no deseen acceder al registro electrónico.