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El proyecto que el gigante energético Forestalia pretende desarrollar de 'autopistas' de alta tensión para evacuar energía procedente de Aragón y trasladarla hasta País Vasco, ... Cataluña o la Comunidad Valenciana está generando rechazo en las comunidades autónomas que quiere atravesar. La Rioja figura entre ellas y por ello el presidente regional, Gonzalo Capellán, reclamaba el lunes la nulidad de ocho parques vinculados a esa línea eléctrica.
Sin embargo, otros gobiernos autonómicos han ido más allá y, por ejemplo, el de Navarra –formado por el Partido Socialista, Geroa Bai y Contigo Navarra–, ya ha decidido interponer un recurso judicial ante el Contencioso Administrativo contra «determinadas resoluciones» del Ministerio para la Transición Ecológica por las que se formulan declaraciones de impacto ambiental y se otorgan autorizaciones administrativas previas para que Forestalia pueda desplegar cuatro líneas de alta tensión de 400 kilovatios cada una.
El Ejecutivo riojano, entre tanto, está aún a la espera de que se resuelva su recurso de alzada contra la autorización administrativa previa otorgada por el Gobierno central para el parque eólico Providentia que, promovido también por Forestalia, prevé evacuar la energía a la línea Tauste-Júndiz –contempla atravesar la región e este a oeste con 250 grandes torres de alta tensión desde Alfaro hasta Briñas–.
El consejero navarro de Medio Ambiente, José Mari Aierdi, afirmó que el Gobierno foral acordó en febrero interponer un requerimiento previo contra las resoluciones del Ministerio, que recogen declaraciones de impacto ambiental de varias instalaciones de producción de energía eléctrica casi todas en la provincia de Zaragoza e infraestructuras de evacuación asociadas al proyecto denominado 'Mistral Esfinge'. Estas resoluciones otorgan a las promotoras las autorizaciones administrativas previas.
El Ejecutivo de Navarra considera que no se habían tenido en cuenta sus informes desfavorables al proyecto de Forestalia por considerarlo incompatible con los valores ambientales, paisajísticos, sociales y culturales de la comunidad. Pero el Ministerio, recuerdan portavoces forales, «no ha dado ninguna respuesta» a sus requerimientos y el Gobierno navarro considera que el silencio implica una respuesta negativa y por ello han acudido a la vía del Contencioso Administrativo.
Las discrepancias se fundamentan «en primer lugar en cuestiones de forma relativas al procedimiento seguido» por la Administración del Estado con una fragmentación «que ha impedido» a Navarra «una adecuada comprensión y valoración global de la magnitud real y definitiva del proyecto y su repercusión medioambiental». Y en segundo lugar existen «cuestiones de fondo ya que los proyectos analizados –de torres de alta tensión– tendrán previsibles consecuencias adversas significativas sobre el medio ambiente, en concreto sobre especies catalogadas, objetivos de conservación de espacios protegidos Red Natura 2000 y sobre conectividad y coherencia ecológica de la Red Natura 2000».
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