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El nuevo Estatuto de Autonomía de La Rioja apura la recta final para su puesta de largo definitiva. El prolongado (y abrupto) proceso que desembocó la pasada semana en el acuerdo por unanimidad durante la ponencia que ha perfilado el texto llamado a reemplazar ... al que ahora rige ha superado este lunes otro trámite. La Comisión Institucional del Parlamento de La Rioja ha validado, también por la totalidad de los grupos, el informe de la ponencia que llegaba a este punto con un puñado de enmiendas vivas firmadas por el PSOE.
La cita, sin embargo, no ha logrado limar las aristas pendientes. Los servicios jurídicos determinaron que no había lugar para que la Comisión tratase las mejoras que aún defienden los socialistas al entender que ya se habían tratado previamente. Las relativas al preámbulo y la exposición fueron retiradas. Se trata de aspectos meramente técnicos. Cuestiones de carácter sólo formal que abrillantan la redacción y que no representaron ningún obstáculo para seguir adelante.
La imposibilidad de debate deja en el aire otras de las enmiendas del PSOE de más alcance (número 5 y 7). En concreto, las vinculadas a la organización institucional de la Comunidad Autónoma y nuevos títulos competenciales. La coyuntura no impedirá en cualquier caso el objetivo común reconocido por las fuerzas presentes en el hemiciclo al inicio de la legislatura:la aprobación de la principal norma propia que rige La Rioja por unanimidad como signo de fortaleza. Un voto unánime, sin fisuras, en el pleno de ratificación que se celebrará el jueves en San Millán de la Cogolla más allá de la mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara que requiere un texto de este alcance para salir adelante.
Sobre la sintonía inicial de PP y Cs y la posterior garantía de apoyo por parte del Podemos tras habilitar las aportaciones de la sociedad civil, sólo pendía conocer el sentido del voto final del PSOE. La incógnita acaba de despejarse. Tras las dudas y reticencias expresadas durante el proceso, y a margen del resultado de la gestión de las enmiendas que permanecen vivas, el secretario general de la formación y portavoz adjunto del Grupo Parlamento despeja la interrogante:su voto también será 'sí'. «Todo es mejorable, pero el sentido de responsabilidad se impone», razona Francisco Ocón después de haber mostrado su apoyo también tanto en el cierre de la ponencia como la reunión de la Comisión Institucional desarrollada ayer. El respaldo a la reforma acordada no coarta, según adelanta, su voluntad de intensificar de aquí hasta el jueves las conversaciones con el resto de las fuerzas. Y todo, para apurar las opciones de que el texto llegue 'limpio' a San Millán y el pleno que se celebrará allí no precise debate de enmiendas, sino que se limite a solemnizar el acuerdo en el marco que históricamente ha acogido los principales hitos autonómicos.
¿Cuáles son esos rescoldos que quedan por apagar? La mayoría de ellos, los mismos que han hecho avanzar y retroceder el debate durante los trabajos de la ponencia.
En el apartado competencial, el PSOE sigue sosteniendo la oportunidad de reconocer estatutariamente su condición a los agentes forestales. El mismo criterio mantiene en relación a la asunción de la gestión de los servicios penitenciarios. En el ámbito de la organización institucional, los socialistas se aferran a un puñado de matices que a su parecer modernizan el texto vigente o no lo mejora. Ahí se inscribe la horquilla del número de diputados que conforme la dimensión del hemiciclo riojano. Mientras la ponencia se inclina por un mínimo de 31 y un máximo de 39, el PSOE aboga por preservar el actual margen de (32-40) considerando que debe ser luego la Ley Electoral la que concrete si se mantienen los 33 escaños o se modifica el número. En ese bloque se enmarca también la pretensión de que ante un virtual adelanto electoral de los comicios autonómicos la legislatura se prolongue cuatro años y no deba acompasarse al calendario general. O que el senador autonómico, en caso de ser diputado regional, no deba renunciar al acta. Así como que no sea obligado restringir a diez el número de consejerías. «Aspectos que también se recogen en las recientes reformas de otros estatutos», apunta Ocón.
Se alcance un acuerdo o no, la reforma será remitida a las Cortes, que sólo podrán sancionarla en el trámite último cuando vuelvan a constituirse tras las elecciones del 28A.
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