Martín refuerza el control a las residencias y niega que la 'amnistía' afecte al servicio

A lo largo de una comparecencia parlamentaria vespertina que se prolongó durante dos horas y media insistió en las bondades de una medida, desvelada por Diario LA RIOJA el pasado sábado, por la que se exime a las empresas de la aplicación de la parte de las penalidades previstas en los contratos por el incumplimiento de los ratios de personal exigidos en los contratos administrativos.

Tras defender que la decisión se justifica en que la imposibilidad de contratar profesionales «no es imputable a los contratistas», sino al déficit de estos especialistas, la consejera reiteró que la medida «es transitoria, provisional y urgente» para hacer frente a «un problema detectado, acreditado y no resuelto en la Legislatura pasada» y que se ha visto agravado por el contexto socioeconómico actual, del que citó la inflación, el incremento de precios de los suministros y energías y la nueva Ley de Contratos que impide la revisión de precios, además del déficit de profesionales sanitarios que, recordó, afecta al conjunto de España y cuyas competencias dependen del Gobierno de la Nación.

La titular de Salud y Políticas Sociales recordó que el anterior Ejecutivo, presidido por la socialista Concha Andreu, tomó decisiones similares en los años 2021, 2022 y 2023. En concreto, María Martín rescató la resolución de enero de 2021, en la que, aseveró «además de suspender las penalidades previstas en los contratos por incumplimiento en los ratios de personal, también contemplaba la paralización de sanciones y descuentos en la facturación mensual de las empresas».

En este sentido, insistió hasta en cuatro ocasiones en que la resolución no contempla la suspensión de las sanciones y, tras recordar que la Ley de Servicios Sociales de La Rioja contempla, en el caso de infracciones e irregularidades, sanciones que van desde el simple apercibimiento a multas de hasta 600.000 euros a las empresas, anunció el refuerzo de los controles en las residencias y centros de mayores. «A partir de ahora van a ser mensuales en vez de las dos o tres inspecciones anuales» que se desarrollan en la actualidad, detalló, para añadir que los centros deberán acreditar, además, la «búsqueda activa» de profesionales.

La consejera, que volvió a remachar la temporalidad de una resolución a la espera de un nuevo acuerdo marco en el que ya trabaja su departamento y que estaría ultimado en los próximos meses. «Estamos trabajando desde el minuto uno de nuestra llegada al Gobierno para que nuestras residencias de mayores sigan siendo de excelencia», aseveró. «Estamos escuchando al sector, a los trabajadores, a los usuarios y a sus familiares», informó, para anunciar que se han creado diversos grupos de trabajo encaminados a implementar acciones en materia de empleo y formación. Además de insistir en la demanda de más plazas MIR para el sistema sociosanitario riojano, explicó que se ha iniciado un estudio poblacional que determine las necesidades del futuro modelo de atención sociosanitaria.

Frente a las críticas recibidas en los últimos días, reeditadas ayer por todos los grupos parlamentarios -PSOE, Podemos-IU y Vox- excepto el PP, la titular de Salud y Políticas Sociales hizo un llamamiento a «olvidar el ruido, las peleas, el oportunismo político y el sectarismo» para tratar de alcanzar un pacto político regional: «Hay que dialogar, acordar y consensuar para preparar a nuestros sistema, porque vamos a necesitar más plazas públicas, concertadas y también privadas».

María Martín lamentó que se quieran «sembrar dudas en la población y preocupación e intranquilidad entre los familiares de los usuarios», para, finalmente, admitir, en declaraciones a los periodistas, su sorpresa por las críticas: «Reconozco que ni nos imaginamos que iba a haber esta reacción, sobre todo cuando ese problema se conocía y está por escrito. Ni nos imaginamos que iba a haber esta diferencia de trato», concluyó en referencia al silencio ante la resolución similar de enero de 202, del Ejecutivo anterior.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, en lógica sintonía con el Ejecutivo regional, incidió en las mismas tesis que María Martín. Tras recordar que es una resolución casi calcada a la del Gobierno socialista en 2021, defendió que es «una medida excepcional y transitoria y que se contempla en la Ley de Contratos del Sector Público».

Tras rechazar un posible deterioro en la calidad de la atención a los mayores, Maiso resaltó el incremento de los controles anunciados por la consejera de Salud y Políticas Sociales y advirtió de que «no desaparecen las sanciones en las residencias de mayores y en los centros de día, como falsamente algunos pretenden hacer creer, porque existe la Ley de Servicios Sociales y hay un apartado de infracciones que, si se incumplen, llevan aparejadas unas sanciones».

Finalmente, tras insistir en que «la calidad en la atención a nuestros mayores es y seguirá siendo una prioridad» hizo un llamamiento a la tranquilidad de usuarios, familiares y trabajadores al defender que la resolución busca garantizar la calidad del servicio y que no se pierdan puestos de trabajo».

Tras descartar paralelismo alguno con la resolución adoptada por el anterior Ejecutivo regional en plena pandemia, la diputada socialista María Somalo exigió la retirada «inmediata de esta medida injusta, contraria a derecho y que perjudica la calidad del servicio que se presta a las personas con dependencia y que únicamente beneficia a las empresas gestoras».

Somalo consideró «absolutamente incomprensible que el Gobierno de Capellán justifique lo injustificable y mantenga una resolución que es contraria a derecho». También incidió en que eximir a las empresas adjudicatarias del sector de la Dependencia de la imposición de sanciones ante posibles incumplimientos de las ratios de personal en residencias y centros de día para mayores «supone un claro deterioro de este servicio que pone en riesgo el sistema de atención a la dependencia en La Rioja». En este sentido, además de augurar una «sobrecarga» para el personal actual alertó de que puede «incentivar el incumplimiento en aquellos centros que sí han aplicado correctamente las ratios».

«Nada nuevo bajo el sol, hay cosas que resultarían risibles si no fueran por la pena que dan» ironizó la diputada de Podemos-IU Henar Moreno tras escuchar a la consejera.

Tras acusar a la consejera de aprobar una resolución que busca «favorecer a las empresas a costa de depauperar las condiciones laborales de los trabajadores», la diputada recogió el guante de María Martín y su invitación al diálogo, pero con condiciones: «Que retire la medida y que se ponga a hablar y diseñemos un modelo de atención a mayores y a personas con discapacidad en nuestra comunidad, pero hagámoslo a través del Parlamento».

El Ejecutivo regional no contó ni con el respaldo de Vox. Su portavoz, Héctor Alacid, aseguró que «rechazamos la resolución, pero además por completo». «Entendemos que hay un problema de personal, un problema grave en general, pero así no se solucionan las cosas», sentenció para advertir de que «la ley está para cumplirse y, sobre todo, desde una Consejería, para hacerla cumplir». Tras advertir que el Gobierno de PP-Vox en Castilla y León sí ha multado a residencias, mostró su descontento por la tardanza de la consejera en comparecer: «Desde que se conoció la resolución han pasado días y se podía haber evitado tanto ruido».