Mandar «a la mierda» al jefe no es motivo suficiente para despedir a un trabajador

El 20 de septiembre de 2023, en las instalaciones de una empresa del polígono La Portalada, un trabajador realizaba sus labores de soldadura. En un momento dado, el encargado y uno de los dueños de la compañía pasaron junto a él en su rutinaria costumbre de vigilar la producción. Fue coger una pieza para revisarla y hervir la sangre del empleado. «¿Qué haces mirándome las piezas? Vete a la mierda», le espetó ante la estupefacción de todos sus compañeros.

El increpado inmediatamente comentó el incidente a otro de los responsables de la firma y este acudió a interrogar al trabajador sobre lo sucedido. «Sí, le he mandado a la mierda», respondió gritando mientras el hermano del obrero le trataba de calmar («respeta, respeta») y comenzaba un diálogo en su idioma materno para tratar de reconducir la situación. Pero el operario dejó sus herramientas, se fue al vestuario y no volvió a su puesto. Horas después acudía al San Pedro con una «crisis de ansiedad reactiva» provocada por la discusión laboral, argumentando que «le querían despedir sin motivos».

Para la empresa sí que los había y ese mismo 20 de septiembre le enviaba una carta informándole de «su despido disciplinario por los graves hechos protagonizados». En la misiva también le recordaba que había actuado «en un tono muy violento, agresivo y gritando» y que, «lejos de tranquilizarse» a otro de los jefes le dijo: «Vete preparándome los papeles, págame lo que me corresponde que me voy». La empresa aseguraba que «este tipo de actuaciones, agresividad verbal y casi física no pueden ser consentidas» por lo que le imponía el despido disciplinario por una falta muy grave.

El operario decidió dar la batalla en los tribunales que, en primera instancia, rechazaron sus pretensiones, con una sentencia del Juzgado de lo Social número 1 que avalaba el despido como procedente. Este trabajador de 50 años recurrió a la Sala de lo Social, donde ha obtenido respaldo jurídico. La sentencia habla de un trabajador «tranquilo y poco conflictivo» cuyo comportamiento «solo puede responder a que se le fue la cabeza, como lo corrobora su ulterior atención en Urgencias». Y argumenta que, pese a que el demandante «utilizó la desafortunada, grosera y vulgar expresión» que supone una conducta «absolutamente inadecuada y reprobable», estas palabras «carecen de la gravedad suficiente para merecer la mayor de las sanciones previstas en nuestro ordenamiento jurídico».

Abundando en el léxico, la magistrada tira del diccionario para explicar que mandar a la mierda «constituye un giro lingüístico para manifestar desagrado, enfado o rechazo». Y explica que «utilizando unos términos incorrectos, poco respetuosos e impertinentes transmitió verbalmente a su jefe lo que al fin y a la postre no fue sino su enojo, disconformidad y rechazo con la supervisión de su trabajo».

En este sentido, también analiza el Convenio del Metal para recordar que «las ofensas puntuales verbales o físicas, así como las faltas de respeto» están tipificadas como graves y son sancionables con «amonestación por escrito y suspensión de empleo y sueldo de 2 a 20 días».

Por estas razones la magistrada ponente considera que el recurso debe ser estimado y declara improcedente el despido, por lo que condena a la empresa a que elija o la «inmediata readmisión en las mismas condiciones que regían antes de producirse el incidente» pagándole los salarios dejados de percibir desde ese 20 de septiembre o que le abone una indemnización calculada por la Sala de 14.836 euros por la extinción del contrato, sin perjuicio de la parte que le pudiera corresponder a Fogasa.

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