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L.J.R.
LOGROÑO.
Miércoles, 17 de octubre 2018, 23:03
Cáritas y los sindicatos agrarios son recurrentes en la alerta. Cada año, cuando la uva empieza a ganar grado, avisan de que las mafias siguen estando presentes en el agro riojano y de que, aunque la explotación laboral se ha reducido (tanto por la mecanización de la vendimia como por la concienciación del agricultor y las inspecciones de trabajo a pie de viña), continúa existiendo.
'Operación Fado', 'Operación Libertad'... Detrás de cada uno de esos nombres se esconden investigaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil contra las mafias de origen portugués que, hasta el momento, habían marcado como territorio propio el agro riojano en lo que a explotación laboral se refiere... Con dos excepciones: las de las operaciones 'Cepón' y 'Zugasti', las dos incursiones desmanteladas por la Guardia Civil de grupos organizados de origen rumano en las labores agrícolas de La Rioja.
Las dos mafias replican un modelo similar: captación de mano de obra entre sus compatriotas en estado de necesidad (tanto en sus países de origen como en España); intermediación con agricultores locales para ofrecerles mano de obra barata; salarios irrisorios tras jornadas laborales de hasta 11 horas; y empleo de tácticas mafiosas para someter a sus 'empleados'.
También hay diferencias. En el caso de las mafias portuguesas, explican los investigadores, el perfil de las víctimas es mucho más vulnerable: personas analfabetas o con graves problemas de adicción a las drogas y al alcohol son sus presas preferidas. En las dos redes dirigidas por naturales de Rumania el estado de necesidad de los trabajadores explotados no era tan acuciante, no estaban en riesgo de exclusión ni eran especialmente vulnerables. Personas necesitadas de un puesto de trabajo que caen en las redes de una mafia.
Más allá de la 'Operación Libertad' -que en el 2008 consiguió desarticular una red mafiosa que esclavizó a 3.000 ciudadanos lusos en el campo de La Rioja, Álava, Navarra y Zaragoza-, en el 2006 la Policía entraba en varias viviendas de Santa Coloma y Hormilleja en donde un clan familiar de origen portugués había convertido en esclavos a varios compatriotas.
Los 10 responsables de aquel grupo amenazaban a los trabajadores para que les entregaran todo el dinero que ganaban, le propinaban patadas y puñetazos y les alojaban en habitáculos en pésimas condiciones en los que les llegaban a encerrar para controlar sus movimientos y evitar que escaparan. La denuncia de dos de ellos destapó su situación de esclavitud.
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