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Mónica, Marta, Belén y Lidia. Cuatro nombres, cuatro mujeres. Ellas son las cabezas visibles de un proyecto dirigido a servir de guía para a los jóvenes agricultores de la región. Ellas se convierten en sus tutoras y les sirven de apoyo en sus primeros ... pasos por el sector.
Las cuatro son trabajadoras de TRAGSATEC, la empresa pública que se encarga de esta iniciativa que, tal y como expone Lidia Antón, tiene sus orígenes en el Programa de Desarrollo Rural de La Rioja. «En su día, desde la Consejería de Agricultura valoraron las posibles opciones que la normativa comunitaria les ofrecía al respecto, considerando interesante la creación de una figura que realizase las funciones de asesoramiento y seguimiento de aquellos jóvenes que se incorporasen a la actividad agraria», cuenta la tutora. Así, en el 2015 se dieron los primeros pasos en esta línea.
Así, los jóvenes que acceden a esta ayuda se comprometen a cumplir una serie de requisitos, según apunta Belén Larios, otra de las tutoras. En concreto la iniciativa va dirigida a agricultores y ganaderos de entre 18 y 41 años que pretendan acceder por primera vez a la actividad agraria, con un plan empresarial viable y sostenible. Su cuantía asciende hasta los 40.000 euros y a cambio el beneficiario debe adquirir la condición de agricultor a título principal, su explotación debe generar una renta mínima como para poder vivir de ella, debe mantener la actividad agraria durante los cinco años siguientes a su instalación y fijar su residencia en la comarca agraria donde se localice su proyecto. «Dentro de los objetivos como tutoras, comprobamos que se están cumpliendo esos compromisos, que se sigue el plan empresarial establecido y que se alcanzan los hitos previstos», expone Larios.
Así se establece una relación directa entre ambas partes, tutoras y jóvenes agricultores, en las que las primeras visitan las explotaciones y ofrecen un asesoramiento completo en todo aquello que resulte necesario. El agricultor, por su parte, se compromete igualmente a alcanzar una cualificación profesional y a asistir a un total de 150 horas de cursos relacionados con su explotación. «De ellas, 80 son obligatorias y las impartimos nosotros, y las 70 restantes se cursan a través del programa de formación ofrecido por la Consejería», explica Antón.
A través de las diferentes convocatorias surgidas desde el 2015, el proyecto llega a unos 230 agricultores. «Realmente esta cifra es un poco mayor, ya que debido a los cursos, seguimos teniendo contacto con agricultores y ganaderos que por instalarse en el PDR anterior o por comenzar la actividad agraria con más de 41 años no tienen asignado un tutor, y siguen contando con nosotros para resolver alguna de las dudas o problemas que les van surgiendo», recalca Antón.
Uno de los jóvenes que recibe este servicio es Iván Íñiguez, de Ribafrecha. Tiene 32 años y trabaja sobre todo con el cereal, la viña y el almendro. «Desde siempre he ayudado a mi padre en el campo, pero desde hace dos años me hecho cargo de la explotación», cuenta. A través de la UAGR, este joven se enteró del proyecto. «Al principio no me pareció ni bien ni mal, hasta que tuve la primera visita de la tutora y me informó de qué iba», relata.
A partir de ahí, se estableció la relación entre ambas partes y ahora Íñiguez se muestra satisfecho de poder contar con ese apoyo. «Te ayudan en todo y te resuelven cualquier duda que tengas, con ellas tenemos un respaldo muy grande y además nos controlan para que cumplamos con todo y hagamos las cosas bien», expone. «Además, durante este tiempo he he aprendido mucho, sobre todo a llevar el tema de papeles, el cuaderno de campo, los fitosanitarios...», enumera.
Como regla general, los encuentros entre tutoras y agricultores son, como mínimo, semestrales, aunque gracias a las nuevas tecnologías el contacto es continuo. A partir de ahí, dependiendo de cada caso, la relación que se establece es más o menos asidua.
Así se articula un proyecto que tiene, como uno de sus objetivos, conseguir atraer a un mayor número de jóvenes al sector y mejorar cifras como la que dice que sólo un 0,55% de las personas que recibieron las ayudas de la Política Agraria Común en el 2016 tenían menos de 25 años. Ahora, al menos, los que se incorporan saben que no estarán solos.
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