juan marín

El macrojuicio por drogas se aplaza a este martes para garantizar las medidas frente al COVID

Los abogados de los veinte acusados han presentado a primera hora de este lunes una queja porque consideran que la sala de vistas no reúne las condiciones sanitarias necesarias en pandemia

Carmen Nevot

Logroño

Lunes, 13 de diciembre 2021, 12:26

El macrojuicio previsto para hoy en la Audiencia Provincial contra los 20 acusados de tráfico de droga y pertenencia a banda criminal que actuaba en el norte de España ha sido aplazado a este martes para tratar de aumentar y garantizar la seguridad sanitaria. Así ... lo ha decidido el tribunal después de que los abogados presentaran una queja por la condiciones de la sala en la que estaba previsto que arrancara la vista.

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De hecho, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), ya han comenzado a trabajar con todos los medios técnicos de los que dispone el Palacio de Justicia para reforzar la medidas de contención del covid.

De acuerdo con el escrito de acusación, las pesquisas comenzaron después de que el Grupo UDYCO de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja recibiera informaciones sobre la posible existencia de un punto de elaboración, venta y distribución de sustancias estupefacientes sintéticas, principalmente sulfato de anfetamina (speed) y metanfetamina, en un inmueble de Lardero.

Iniciada una investigación al respecto, los funcionarios policiales adscritos al Grupo contactaron con vecinos de la zona, quienes habían percibido olores a productos químicos que procedían de dicha vivienda y habían observado entrar allí, y salir al poco tiempo, a numerosas personas.

A partir del 11 de diciembre de 2018 se estableció un dispositivo de vigilancia de la mencionada vivienda y se observó que en allí acudían en diversas franjas horarias un número significativo de personas, «algunas de ellas relacionadas con el consumo o tráfico de estupefacientes», que entraban y salían a los pocos minutos.

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Del conjunto de seguimientos policiales, intervenciones telefónicas, registros en viviendas y declaraciones se concluyó que uno de los procesados, J.A.H, centralizaba su actividad de tráfico en su domicilio de Lardero y contaba, inicialmente, con dos colaboradores.

También se detectó un nuevo centro de operaciones en una vivienda en Labraza (Álava), adscrita a D.S, quien, con la colaboración de su pareja M.P.L y de A.G.V., se convirtió en un laboratorio de elaboración de drogas sintéticas, cooperando los tres en la gestión del negocio ilícito.

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A J.A.H también le abastecían J.G.S y J.J.F quienes, a su vez, contarían con dos muy activos puntos de venta de droga ubicados en Villamediana de Iregua y Albelda. A su vez, otra persona vinculada a J.J.F, M.T.M, cooperaba con el mismo en la gestión y entrega de sustancias a compradores. Más puntualmente, en marzo de 2019, es S.F. el que le suministra éxtasis a J.A.H, el cual a su vez le entrega speed.

En un escalón superior y como suministrador de sustancias a J.G.S y su pareja J.J.F. se encontraría el líder de la organización en La Rioja, V.V, dotado a su vez de infraestructura en Villamediana de Iregua, Ausejo y Mendavia (Navarra).

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Había otro punto de venta en Estella (Navarra), gestionado por J.T.J; siendo V.V suministrador igualmente de sustancias a J.A.B para la zona de La Rioja Alta.

Culminaría la organización A.G.A, al que el fiscal pide once años de cárcel y 2,5 millones de euros de multa, asentado en Cantabria y País Vasco, que sería el suministrador a gran escala de sustancias ilícitas al líder en La Rioja: V.V., para quien también pide once años de cárcel y multa de 205.000 euros.

A.G.A se servía de una persona de su confianza, J.A.U, para la custodia de las sustancias que guardaba en una vivienda en Cenicero, así como para el transporte de las mismas. En el escalón inferior de la organización estarían una red de vendedores finales.

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Para el fiscal, los hechos narrados suponen un delito contra la salud pública en modalidad de sustancias que causan grave daño (y en cantidad notoria en algunos casos); y un delito de pertenencia a grupo criminal. A los acusados se les pide penas de cárcel de entre 3,6 y 11 años y multas que van hasta los 2,5 millones de euros.

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