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la rioja
Domingo, 26 de enero 2020
Salvo que se alcance un acuerdo 'in extremis', el exconsejero Juan José Muñoz (1997-2011) se sienta a partir de este lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de La Rioja donde se enfrenta a una pena de cinco ... años y nueve meses de cárcel y a una multa de más de seis millones de euros por la presunta venta fraudulenta de la sociedad fotovoltaica Emfrisa a la mercantil leridana Bellomonte.
Junto a él serán juzgados su mujer C.M.C., quien le representó en la operación, un empresario de su confianza, A.G.R., y el apoderado y letrado de la empresa catalana A.G.C., e I.M.A., respectivamente. Todos ellos supuestamente implicados en un entramado que perseguía la creación de una sociedad fotovoltaica para su posterior venta aprovechando el generoso régimen retributivo que, para favorecer este tipo de energías, promovió el Gobierno central. Las suculentas primas tenían fecha de caducidad de ahí que, según la acusación, entraran en juego autorizaciones administrativas.
Según el escrito de calificación del fiscal, el extitular de Hacienda en sucesivos gobiernos de Pedro Sanz «decidió y tuteló» la creación de la sociedad mercantil Empresa Fotovoltaica Riojana SA (Emfrisa) con el propósito de construir una instalación de grandes dimensiones de producción de energía de origen solar fotovoltaico. La planta se instalaría en Torremontalbo y podría beneficiarse del régimen retributivo establecido por sendos decretos, que obligaba a Iberdrola a comprar la electricidad y a pagarles, como productores de energía, un precio superior al 575% al de la tarifa eléctrica media. La elevada rentabilidad favorecería la venta de la instalación por unos 25 millones de euros.
Como Muñoz, por incompatibilidad legal con el cargo de consejero de Hacienda, no podía figurar en la operación, «se valió de terceras personas», aunque también intervino en persona para «eliminar dificultades» con las autorizaciones.
El Ministerio Público acusa al extitular de Hacienda de estafa, blanqueo de dinero y tráfico de influencias en la operación de traspaso de la sociedad Emfrisa y reclama cinco años y nueve meses de prisión y una multa de seis millones.
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