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La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) del sindicato UGT celebró ayer su congreso regional para elegir la ejecutiva que dirigirá la organización los próximos cuatro ejercicios. Y al frente se mantendrá la persona que lleva en el cargo desde hace ocho años, Ana Cruz Llach, que obtuvo el 100% de los apoyos tanto a su gestión anterior como al equipo que ha escogido para liderar la federación. Le acompañan Fernando Vega, como secretario de Organización, así como Pilar Díez, Rebeca Olivar y Francisco José San Andrés.
La reelegida secretaria general apuntó algunos de los principales objetivos que tiene para este nuevo ciclo como son«atraer a más jóvenes a la organización, ellos son el futuro y tenemos que responder a sus demandas». Avanzar en el desarrollo de las nuevas tecnologías «con una mayor aplicación de la digitalización o la Inteligencia Artificial» así como «incidir en una mayor formación para nuestros delegados» son otros de los retos que verbaliza Llach y que asume que tienen que ponerse en marcha en este mandato.
Una vez firmado el convenio de comercio «que puso fin a 16 años de desencuentros» con las patronales del sector, ahora la aspiración que tiene la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT es alcanzar un acuerdo en el sector del transporte. «La disputa que tienen las dos patronales –en alusión a Atradis, integrada en la Federación de Empresas de La Rioja, y a la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM)– está provocando que los trabajadores del transporte en nuestra comunidad autónoma no tengan una cobertura en forma de convenio y desde la parte social tenemos que presionar y trabajar para revertir esta situación», asegura la responsable de una federación que cuenta con alrededor de 2.400 afiliados.
La FeSMC también aprobó ayer una resolución a favor de los vigilantes de seguridad y denunciando las agresiones que están sufriendo en el ejercicio de su profesión. «Reclamamos que se les dote a estos trabajadores de equipos de protección individual (EPIs) y también de una seguridad jurídica», exigió Llach, que anunció concentraciones cada vez que «tengamos conocimiento de alguna agresión».
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